Mientras aumenta la demanda social por celeridad y eficiencia, el registro de funcionarios del Poder Judicial de Río Negro muestra numerosos espacios en blanco.
Un total de 20 organismos permanecen actualmente sin titular o comparten responsable con otra dependencia, limitando la capacidad de la Justicia para ofrecer respuestas.
Lo preocupante es que, a pesar de la complejidad del escenario y del apuro para sancionarla, la nueva ley aprobada a fines del 2007 para "transparentar" el proceso de selección de magistrados y funcionarios todavía no fue reglamentada.
Las consecuencias de ello pueden cuantificarse, porque el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alberto Balladini, admitió que recién en los últimos meses de este año podrían llevarse a cabo esos concursos.
La mayor cantidad de vacantes la padece la Segunda Circunscripción, que se extiende desde Allen al Valle Medio, incluyendo parte de la Región Sur.
De los originales seis juzgados de instrucción con asiento en Roca sólo tres funcionan a pleno, porque el 10 fue convertido en Juzgado de Ejecución penal y no tiene magistrado, en tanto que el 8 y el 6 comparten titular, porque Juan Torres subroga a Margarita Carrasco, designada jueza sustituto en Cipolletti.
El panorama de los organismos dependientes del Ministerio Público en Roca no es más alentador. Las seis fiscalías de la estructura original son parte de un buen recuerdo, ya que una de ellas quedó desafectada de las tareas ordinarias cuando se creó la Unidad Fiscal de Atención Primaria y otra está sin titular desde que Laura Pérez fue nombrada jueza correccional. Sumado a eso, una tercera oficina permanece vacía desde los últimos meses porque Luis Galeano pidió licencia por razones médicas.
En consecuencia, el número creciente de causas recae ahora sobre Elsa Alasino, Ana Benito y Miguel Fernández Jadhe.
Por su parte, la Cuarta Circunscripción, con sede en Cipolletti, exhibe el dilema de la "frazada corta". Sin titulares en el Juzgado penal 25 y con el fiscal Oscar Cid de licencia, el Poder Judicial trasladó desde Roca y Cinco Saltos a la jueza Carrasco y al fiscal José Rodríguez Chazarreta, afectando a los organismos que estaban bajo la responsabilidad de ambos funcionarios.
Lo habían anticipado
Esta parálisis en las designaciones de magistrados y funcionarios había sido advertida en diciembre del 2007 por el Colegio de Abogados de Roca.
En medio de la polémica por los cambios a la Ley 2.434 -que finalmente se aprobó, instrumentando el sistema de concursos de oposición y antecedentes- la entidad del Alto Valle presentó un mandamus para se cubran las vacantes pendientes del 2007 mediante el sistema anterior.
Los abogados entendían que así se podría aguardar la reglamentación de la nueva ley sin tantos organismos acéfalos o con funcionarios sobrecargados de tareas.
Según pudo saber este diario, ese planteo recién está en etapa de resolución por parte del STJ.
El presidente del colegio roquense, Carlos Gadano, se quejó por las dilaciones del STJ. "No puede ser que hayan pasado cuatro meses (desde que se presentó el mandamus). Estuvieron tres meses para resolver la excusación de (Víctor) Sodero Nievas y (Liliana) Piccinini, para ingresar recién ahora a la instancia de resolución", afirmó.
Gadano evaluó que "si el fallo hace lugar al mandamus se podrá avanzar ahora con los concursos pendientes" y coincidió con Balladini al estimar que si los concursos deben regirse por la nueva ley "todos los organismos que no tienen titular deberán esperar la reglamentación y eso no será antes de fin de año".
(Redacción Central)
