Aunque tanto Cristina Fernández de Kirchner como su marido dicen esperar que gracias a sus esfuerzos denodados la Argentina se transforme en un país "normal" con instituciones que funcionen como es debido, la verdad es que dicha "normalidad" les resultaría intolerable. Acostumbrados como están a ser obedecidos sin chistar, ha de parecerles absurda, cuando no subversiva, la idea de que un día pudieran verse constreñidos a lidiar con un Congreso díscolo que fuera reacio a cohonestar todas sus iniciativas otorgándoles superpoderes vitalicios, a respetar al pie de la letra todas las reglas constitucionales, a rendir cuentas por cada centavo que manejan y a negociar con buena fe con lobbies lo bastante poderosos como para obligarlos a ceder como, mal que les pese, suelen hacer los mandatarios de los países del llamado Primer Mundo.

No lo dicen, pero desde el punto de vista de los Kirchner, gobernantes como George W. Bush, Angela Merkel, José Luis Rodríguez Zapatero, Gordon Brown e incluso Nicolas Sarkozy serán mandatarios penosamente débiles ya que ninguno puede actuar con la libertad a la cual se han habituado. Tienen que ocuparse procurando convencer a jefes parlamentarios de que las medidas que proponen son las indicadas y resignarse a que sean modificadas, a veces hasta que queden irreconocibles, como sucedió con muchos proyectos de ley confeccionados por el gobierno de aquel autócrata notorio Bush. Ni siquiera se animarían los pobres a ordenar a la policía tratar un lugar en la capital de su país invadido por manifestantes opositores como una zona liberada para que un escuadrón de muchachos oficialistas pudiera desalojarlos. Mandatarios a medias tienen que someterse a la tiranía de la ley.

Para la presidenta Cristina, un conflicto en el que se ve involucrada se convierte muy rápidamente en un asunto de todo o nada. Siempre cree que está en juego la autoridad presidencial y que por lo tanto hacer concesiones entrañaría el riesgo de poner en marcha un proceso que, una vez concluido, la dejaría impotente frente a un país en llamas. ¿Exagera? Puede que no. Mientras que en las democracias consolidadas hasta los mandatarios más desprestigiados disfrutan de la protección que les brindan las instituciones, en la Argentina, como Fernando de la Rúa descubrió, no sirven para defenderlos contra la ira popular. Hace apenas siete años mandaba la turba. ¿Ha progresado tanto el país desde entonces que no hay riesgo alguno de que un presidente sea derrocado de manera igualmente expeditiva? Por desgracia, no hay por qué confiar en que en una emergencia, el respeto por las instituciones impida que la calle tenga la última palabra.

He aquí una razón por la que Cristina, instigada por su marido, reaccionó de modo tan desmedido ante el paro del campo y los cacerolazos urbanos. Entiende que de cobrar intensidad las protestas contra su forma de gobernar, podría reeditarse la serie de acontecimientos que desembocó en el "golpe civil" que liquidó a la Alianza. Si bien la posibilidad de que ello ocurriera sigue siendo escasa, es comprensible que una presidenta que, de no haber sido por la ruptura supuesta por la caída de De la Rúa, nunca hubiera llegado a su preeminencia actual, sospeche que su destino dependerá del humor de los propensos a participar de manifestaciones multitudinarias, sean éstas espontáneas o cuidadosamente organizadas.

Por su experiencia en Santa Cruz, por su formación peronista y por su temperamento, los Kirchner son de naturaleza autoritaria. Con todo, no son insinceros cuando hablan de la necesidad de fortalecer las instituciones. Saben tan bien como el que más que la debilidad del Congreso, la falta de partidos opositores fuertes, el estado lamentable del Poder Judicial y las deficiencias de los organismos que en teoría están encargados de controlar lo hecho por el Ejecutivo son síntomas de atraso propios de una democracia a medias. Pero temen que si el Congreso fuera algo más que un sello de goma, se cuestionara la legalidad de ciertas medidas oficiales, los opositores lograran aglutinarse en un partido coherente o dos y se respetara tanto la letra de la Constitución como su espíritu federal, ellos pudieran verse obligados a modificar radicalmente su estilo muy personalista de gobernar, lo que no les haría ninguna gracia. Mal que bien, ambos son productos de la Argentina que efectivamente existe y son conscientes de que les costaría mucho adaptarse al país "normal" que, como todos los demás, juran querer ver nacer.

Una consecuencia de este estado de cosas ha sido la piqueterización de la política. Puesto que las instituciones son, por decirlo así, meramente virtuales ya que pocos se sienten representados por los legisladores y casi nadie confía en la imparcialidad de la Justicia, los deseosos de conseguir algo saben que les conviene cortar rutas o congregarse en plazas públicas a fin de impresionar a las autoridades por su número y por su vehemencia. Los Kirchner lograron aprovechar esta modalidad comprando los servicios de distintas facciones piqueteras y avalando las manifestaciones supuestamente patrióticas y ecológicas de los asambleístas de Gualeguaychú, pero no les gusta del todo que sus adversarios hagan uso del mismo método a menos que sea en una escala meramente testimonial, de ahí la reacción feroz de las autoridades frente a los docentes santacruceños, los chacareros militantes y los caceroleros de Plaza de Mayo.

Por lo pronto, los Kirchner se han visto beneficiados por la fragilidad de las instituciones nacionales, pero tienen motivos para temer que en adelante les perjudique la anarquía resultante. Mientras confiaron en que la mayoría los apoyaría, podían darse el lujo de pasar por alto y, guiños mediante, hasta aprobar la proliferación de cortes de rutas, bloqueos de puentes internacionales, manifestaciones callejeras, conflictos sindicales violentos, escraches y así por el estilo, pero ante el peligro de que sus adversarios adoptaran tales modalidades no se les ha ocurrido nada mejor que intentar intimidarlos. Puede que la clase media porteña haya preferido replegarse ante el avance de una columna de piqueteros, pero no le convendría al gobierno probar suerte con la misma táctica en zonas rurales en las que abundan los dispuestos a reaccionar con violencia todavía mayor frente a bandas de matones que se imaginan capaces de amedrentarlos.

JAMES NEILSON