A 53 días del primer pedido de detención, el suspendido intendente de Pinamar Roberto Porretti, acusado de extorsión a empresarios, quedó anoche preso, cuando se entregó en el Juzgado de Garantías de Dolores luego de que se dictara una nueva orden de captura y se convirtiera durante ocho horas en uno de los hombres más buscados del territorio bonaerense.
Desde las 13, cuando el juez Gastón Giles firmó el arresto, el paradero de Porretti fue un misterio y más de un centenar de efectivos lo buscó en su casa, en el municipio y en baúles, cajas y habitáculos de cada vehículo auto que salía de Pinamar, pero no lo encontró.
Durante toda la tarde de ayer hubo rumores y versiones distintas entre sus voceros y sus abogados, que también estaban divididos. Desde allí trascendió que el intendente suspendido estaba por un lado "negociando" su entrega mientras que, al mismo tiempo, sus allegados esperaban suerte para los planteos que hicieron ante el Tribunal de Casación bonaerense para frenar la detención: un recurso de queja por denegatoria de la excarcelación de prisión y un habeas corpus.
Sin embargo, en la Sala II de la Casación no había planes de resolver anoche el habeas corpus -que era el que podía ser más urgente-, y aún así era discutible que pudiera entender que estaba sufriendo una detención arbitraria.
Lo cierto es que, frente al negro escenario, Porretti pareció entender que no tenía muchas opciones: minutos antes de las 20 uno de sus abogados, Roberto Babington, anunció por televisión que Porretti se estaba dirigiendo a la Fiscalía de Dolores para entregarse.
A las 21, la fiscal María Fernanda Haschmann, que impulsó su captura, se retiró de su despacho diciendo a los periodistas que ella no lo esperaba y que Porretti estaba "prófugo", pero apenas unos minutos después se supo que a esa hora el suspendido jefe comunal se había presentado junto a su hijo y uno de sus defensores, José Ochoa, en el juzgado de Garantías de Giles.
Desde allí fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado para pasar la noche. En principio no se preveía que hoy fuera llevado a la fiscalía o al juzgado para comparecer, porque él ya prestó declaración indagatoria.
La defensa, sin embargo, sí se presentará hoy ante el magistrado para pedir una excarcelación extraordinaria: "El juez Giles tiene que dar cumplimiento a la orden que dictó en febrero su colega (Laura Elías), pero esperamos que pueda disponer de inmediato otra medida" por su criterio "garantista", dijo el abogado Babington.
La historia judicial de este caso comenzó en febrero pasado cuando los empresarios Rubén Cameroni y Javier Porjolovsky, del complejo bailable Ku-El Alma, acusaron a Porretti y a su secretario de Gobierno, Aldo Leonián, de intentar cobrarles 400.000 pesos para no cerrarles la discoteca. Según dijeron, de ese dinero 225.000 corresponderían al pago de un canon adeudado por usar espacio público y 175.000 serían para los funcionarios. Para probarlo presentaron un video grabado por los empresarios donde se ven tres reuniones, una de ellas en las oficinas municipales en la que está presente Porretti asintiendo con la cabeza cuando Leonián habla de la necesidad del pago.
