VIEDMA (AV)- Dos integrantes de la asociación civil "Por un Futuro Mejor" fueron procesadas por el delito de "coacción".

Se trata de Vanina Sánchez y Haydee Cayamilla a quienes se les imputa que en los días de cobro del Programa de Empleo Rionegrino, con un plan de acción preestablecido y asumiendo cada una un rol, habrían exigido a diversos integrantes de la asociación el pago entre 10 y 20 pesos, bajo la amenaza de excluirlos del beneficio de no acceder al requerimiento.

Se les adjudica además que a los beneficiarios del programa Emergencia Social Alimentaria, que entrega tickets sociales, se les exigía que los utilizaran en determinado comercio, bajo las mismas amenazas de exclusión.

La asociación civil "Por un Futuro Mejor" -presidida por Aníbal Cipriano, quien también ha sido indagado en esta causa y su situación procesal sería resuelta esta semana- actúa como intermediaria de esos planes sociales, previa presentación de proyectos que implica la inclusión de beneficiarios.

Más de 30 de ellos habrían coincidido en atestiguar que fueron obligados, bajo amenazas efectuadas por Cayamilla y Sánchez, de ser dados de baja del plan sino entregaban a la fundación el día de pago 20 pesos de los 150 que percibían.

En relación a los tickets señalaron que se les exigía canjearlos en el comercio "El Boliviano" de Viedma.

Para el juez penal subrogante Juan Bernardi, de los testimonios reunidos surge que las exigencias de las imputadas fueron "ilícitas", descartando que pueda existir una intención de parte de los testigos de perjudicarlas.

Los testigos son personas que atraviesan una situación social de carencia de trabajo y con necesidades básicas insatisfechas, dependiendo su subsistencia del aporte estatal de esos programas.

Según los testimonios recibidos, habría quedado claro también que el pedido de pago de parte de las inte

grantes de la asociación se basaba en la necesidad de mantener un hogar de ancianos, la creación de un fondo común para aquellos integrantes de la entidad que no pudieran cobrar el beneficio y para los gastos de la asociación en concepto de alquiler e insumos.

La asociación, que contaría con más de 150 beneficiarios, realizaba las reuniones frente a la casa de Cipriano y en la plaza San Martín, donde los responsables pasaban lista.

Trascendió que aquel beneficiario que tuviera más de tres faltas era dado de baja en forma automática.

De los testimonios recibidos también surgió que varios beneficiarios-desocupados querían desempeñar alguna tarea como contraprestación por el dinero percibido, pero Sánchez y Cayamilla solamente los hacían reunir en distintos lugares para movilizarse para el cobro del beneficio.

También señalaron que debieron concurrir a actos políticos como los realizados contra quien fuera concejal de Viedma, Juan Millaguán, situación por la cual algunos solicitaron la baja o la inclusión en otros beneficios.