¿Por qué fracasó el dialogo?

Primero, porque todo hacia pensar que en la mesa de negociación iba a estar presente la presidenta Cristina. La invitación había sido de ella. Sólo pasó a saludar. Estuvieron por parte del Estado: Alberto Fernández, el ministro Lousteau (en un claro segundo plano), el provocador Guillermo Moreno y el secretario De Urquiza. El problema de las retenciones para el sector del campo no es económico, sino político. La mirada de lejos de la Presidenta y la poca voluntad de reanudar el diálogo sábado y domingo en medio de una grave crisis que tiene a la población sin alimentos (priorizando un "feriado sagrado") desestimulan.

Segundo, porque el gobierno insistió con su política de dividir y no sumar. Los continuos mensajes oficiales machacaron en la necesidad de proteger a los pequeños productores, golpeando a los grandes empresarios del agro. Una exclusión ideológica, coherente entre lo que predican las cabezas del gobierno y los piqueteros. Los primeros hablan de "garantizar la rentabilidad de los pequeños productores". Los segundos, de la "puta oligarquía", en la garganta inflamada de Luis D'Elía.

Las organizaciones agropecuarias sabían que se buscaba dividir el compacto frente logrado. Pero, paradójicamente, fue la Sociedad Rural Argentina la que siempre presionó para dialogar con el gobierno y la Federación Agraria (pequeños productores) la que más dura estaba para sentarse en esa mesa de negociación.

Tercero: la pérdida de confianza del campo en el gobierno. Las entidades agropecuarias esperaban una fuerte señal del Ejecutivo para continuar dialogando. Medidas concretas. Desde el gobierno optaron por la continuidad: formar comisiones para analizar cada caso de reclamo por parte del campo, "discutir" las compensaciones que recibe el sector agropecuario y acordar trabajar para fortalecer las economías regionales. Es decir, la respuesta que recibieron las entidades agropecuarias el viernes por la noche fue exactamente igual a las de los últimos cuatro años.

El campo esperaba que se suspendieran, como ellos habían hecho con el paro, las nuevas retenciones por 90 días para poder discutir su aplicación. No pedían su derogación, sólo retrotraer todo a la primera semana de marzo. Para el gobierno ese pedido era imposible de aceptar. Es que la cosecha de soja ya está en marcha y no desperdiciará los 1.300 millones de dólares adicionales que le generarán las retenciones de esta temporada. Es decir, primero los ingresos, luego los reclamos. Voracidad fiscal pura.