CARACAS (DPA).- El informe sobre la libertad de prensa en Venezuela acaparó ayer la atención de la asamblea semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Caracas, con severas denuncias sobre las restricciones a la libertad de prensa y su cuestionamiento por parte de un portavoz en defensa del gobierno.

El presidente del Bloque de Prensa Venezolano (BPV), David Natera, presentó un informe extenso sobre las limitaciones a la libertad de prensa, desde acoso judicial y amenazas del propio presidente Hugo Chávez hasta las restricciones de las divisas para importar papel periódico, que limitan el ejercicio del periodismo.

Natera recordó el polémico caso del canal "Radio Caracas Televisión" (RCTV), que salió del aire el año pasado tras la negativa del gobierno de renovarle la licencia de transmisión y las recientes amenazas contra la televisora "Globovisión", así como las acciones violentan registradas contra periodistas, incluyendo la agresión contra el reportero Gustavo Azócar, quien fue golpeado en su estudio de televisión por una diputada oficialista.

Al terminar su exposición, el informe de Natera fue criticado por el representante del grupo Periodistas por la Verdad, Marcos Hernández, quien definió a su gremio como una organización no gubernamental en defensa de la línea oficial que critica la actuación de los medios de prensa no afines al gobierno.

Hernández calificó el informe de Natera de "superficial, sesgado y manipulado", dijo que intenta esconder la verdad de que en Venezuela existe plena libertad de expresión, al tiempo que amenazó al jefe del BPV con denunciarlo ante la justicia por promover un golpe de Estado por anunciar que intentarán rescatar la señal de RCTV antes de que se cumpla un año, el 28 de mayo, de su salida del aire.

"La verdad es que en Venezuela no ha habido periodistas muertos, periodistas perseguidos en el ejercicio de sus funciones o medios de comunicación cerrados o con censuras, como ocurría antes", dijo. Acusó a Natera, propietario del diario "Correo del Caroní", de haber cerrado su propio periódico para "armar un escándalo" sobre la falta de divisas para importar papel.

"La verdad es que en los últimos seis años se han instalado 60 televisoras y 10 grandes medios de comunicación impresos. La verdad es que los medios de prensa están en riesgo pero es porque la población no cree en ellos", dijo Hernández. Agregó que la SIP no está autorizada para erigirse como defensora de la libertad de expresión porque ése es "un valor de todos".

"Ustedes no pueden convertir esta asamblea en una reunión para agredir a Venezuela. Si la SIP insiste en ello, los periodistas venezolanos vamos a tomar la actitud que tengamos que tomar", dijo, y se marchó de la sala de conferencias.

El ex directivo de la SIP Danilo Arbilla pidió dejar sentado en la asamblea la "amenaza" que fue lanzada contra una reunión que le dio espacio para hablar a una persona que se presentó como "defensor del gobierno".

"Este señor empezó con una amenaza directa al BPV. ¿Será ese el terrorismo judicial del que nos habló Natera? Nos lanza una amenaza a nosotros y eso tenemos que dejarlo sentado, porque la amenaza vino de parte de un defensor del gobierno", recalcó.

Natera había expuesto que el presidente Chávez está intentando aprobar vía decreto la reforma constitucional que los venezolanos rechazaron en el referéndum del 2 de diciembre, empezando con una reforma educativa que crea una línea adversa a los medios de prensa independientes.

Además de los procesos judiciales contra periodistas y las restricciones al otorgamiento de divisas para importar papel, Natera dijo que el gobierno "niega reiteradamente a los medios no subordinados a su hegemonía el derecho de acceso a la información pública e impide a los periodistas independientes el trabajo en fuentes y escenarios controlados por organismos del Estado".

Destacan otra vez el fallo

También la SIP denunció ayer el uso de la publicidad oficial para presionar a los medios independientes y recordó que el viernes pasado la SIP entregó su premio Chapultepec a la Corte Suprema de Argentina por el fallo en favor del "Río Negro", que declaró inconstitucional todo intento de usar la publicidad oficial como premio o castigo para los medios de prensa.

Además, denunció una serie de agresiones de parte de "activistas" pro gobierno contra periodistas en el ejercicio de sus funciones, que ponen bajo acoso a los reporteros en su trabajo diario.

Los sectores oficialistas realizan paralelamente un foro sobre "terrorismo mediático", donde la SIP ha sido criticada por sus informes adversos a Venezuela.