El gobierno no termina de congratularse por su política de distensión. Los resultados -observan desde altas esferas oficiales- están a la vista: sin contar con que por primera vez en cinco años el ciclo lectivo comenzó en tiempo y forma, al menos una vez Neuquén no dio la nota para Semana Santa. Mientras el país entero se convulsionaba por la rebelión del campo, las rutas neuquinas estaban abiertas.

"El mayor empeño que hemos puesto en estos días de gestión es la paz social", afirmó Ana Pechen. Atribuyó el logro al "diálogo con todos los sectores" y, de paso, le puso una buena nota, al señalar que se ve reflejado en las encuestas que le dan al gobernador "más del 60% de valoración positiva".

El propio Sapag exaltó la tolerancia al referirse al conflicto nacional. "Queremos llevar palabras de mucha prudencia. Aliento a vivir en un marco de paz, de convivencia", expresó sin tomar partido, a riesgo de ser tenido por tibio por su flamante aliado, el gobierno nacional, en una instancia crucial.

Aunque la administración Sapag no termina de digerir las retenciones -Neuquén las experimenta sobre su principal riqueza, el petróleo- porque considera que su distribución entre las provincias es "poco transparente", ha comenzado a recoger los frutos de su política de acercamiento al kirchnerismo. La adhesión a programas impulsados por Nación se materializa por estos días en inversiones del orden de los 20 millones de pesos y en el oficialismo esperan que antes de fin de año, cuando la provincia haya rellenado el bache producido por la ceguera sobischista, sean muy superiores.

Además, esperan tener en los próximos días el visto bueno de Nación al pedido de refinanciación de la deuda neuquina. En las próximas horas se sabrá la cifra final, que en esferas locales estiman entre los 140 y los 180 millones de pesos.

Con todo lo que tiene de valiosa la mentada "paz social" para una provincia que viene de la confrontación característica de la anterior gestión, la medicina dista de ser gratuita.

El gobierno insiste en trazar un panorama sombrío de las finanzas públicas heredadas, un esquema en el que la masa salarial, de más de 2.100 millones de pesos, supera con holgura los 1.700 millones de regalías, el principal ingreso del Estado. En ese contexto, los estrategas oficiales no dejan de felicitarse por el acuerdo con ATEN que permitió destrabar el inicio de clases. Admiten que sin ese requisito el gobierno habría comenzado mal su gestión, pero no dejan de observar que le costó 60 millones de pesos a las alicaídas arcas provinciales.

Ahora, docentes y estatales reclaman aumentos para este año del orden del 30% o más, y en el gobierno advierten con preocupación que, aunque los porcentajes fueran inferiores, podrían resultar inviables para las cuentas públicas.

"Sólo con un 20% de aumento, la masa salarial se iría a unos 2.600 millones. No podemos firmar algo que al día siguiente no podamos sostener", razonó una fuente del más alto nivel y recordó aquel trago amargo que protagonizó en 1996 Felipe Sapag, cuando les bajó el sueldo a los estatales.

La expectativa de aumentar los ingresos con la renegociación de los contratos petroleros no alcanza para tranquilizar a los hombres del gobierno. Si bien la expectativa de máxima es llevar las regalías del 12 al 18% y capturar un 25% de la facturación, el gobierno no quiere atarse las manos de antemano con los gastos, sin contar con que no será fácil que las empresas se allanen a los requerimientos oficiales.

Por lo pronto, un viejo operador del sector, Oscar Vicente, acaba de advertir sobre lo que considera las "excesivas" pretensiones provinciales. El planteo no pasó desapercibido para el gobierno. "Las empresas creen que el petróleo es de ellas. Es justo y necesario que la provincia obtenga mayor rentabilidad por su recurso", razonaron en la cúspide del poder.

Si la distensión es una de las principales señales de cambio que agita el gobierno, el juicio político al Tribunal Superior sobischista no lo es menos. En las filas oficiales aseguran que "no hay vuelta atrás" en la determinación de llevarlo adelante contra por lo menos tres de los cinco miembros del cuerpo: Sommariva, Fernández y Badano.

La semana que culmina el plenario de comisiones de la Cámara encontró apoyo unánime de sus miembros para llevar adelante el enjuiciamiento. En el bloque del MPN descuentan que este jueves el tema será declarado admisible y pasará el otro miércoles al recinto, para que se designen las salas acusadora y juzgadora previstas en la Constitución.

Sin embargo, uno de los principales hombres del gobierno en la Legislatura advirtió que el tema es más complejo de lo que muchos pensaban. "La resolución 165, que reglamenta el procedimiento del juicio político, está lejos de agotar todos los interrogantes. Para empezar, no están previstas las subrogancias", deslizó, un tema crucial porque la carta magna establece que la sala juzgadora será encabezada por el presidente del TSJ, un cargo que actualmente ejerce uno de los acusados.

Mientras corre la cuenta regresiva para los tres miembros en capilla, se suceden las versiones sobre la jubilación de dos de ellos. Al parecer, ni Sommariva ni Fernández se resignan a salir por la puerta "de atrás" que les reserva el sapagismo.

La otra gran pregunta pendiente es si Sobisch admitirá de brazos cruzados el desguace del cuerpo que, según dijo en la "cámara oculta", imaginó para no tener que trajinar nunca más los tribunales. "Si sólo se van dos de los miembros, Sobisch no perderá el aliento. Distinto sería si son tres, porque habría una nueva mayoría", razonó un diputado opositor. En cambio, un miembro del MPN opinó que el ex mandatario "es un pragmático y sabe que la suerte de este TSJ es irreversible".

Aunque el actual tribunal aún sigue en pie, se comienzan a barajar nombres de eventuales reemplazantes. Se habla del diputado radical Hugo Prieto, de su par peronista Oscar Massei, del auditor del Poder Judicial, Germán Pollitzer, y del juez federal Guillermo Labate.

La otra cuestión que se empieza a discutir es la posibilidad de que el gobernador se autolimite en sus atribuciones para designar a los nuevos vocales, "como hizo Kirchner con la Corte". Lo contrario "sería más de lo mismo", apuntó uno de los jefes de la oposición. Inútil recordarle cuán lejos está ese momento; después del lodazal sobischista, la depuración del Poder Judicial es una cuestión de Estado.

HÉCTOR MAURIÑO

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