CARACAS (AP).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el sábado que los tribunales estadounidenses han encarcelado y multado injustamente a periodistas que se niegan a revelar sus fuentes.
La organización de editores de prensa advirtió sobre "indicios preocupantes en el frente de la libertad de prensa'' en Estados Unidos, pero aplaudió al congreso de esa nación por debatir un proyecto de ley que concedería protección federal a los reporteros precisados por fiscales a identificar fuentes confidenciales.
En un reporte presentado por Louis Perez, editor jefe de The New York Times Co., la SIP criticó al juez federal Reggie Walton por ordenar a la ex reportera de USA Today Toni Locy a pagar hasta 5.000 dólares por cada día que se rehuse a revelar sus fuentes en una serie de reportajes sobre una investigación penal sobre los ataques con ántrax del 2001. Las multas no han sido impuestas hasta que haya decisión sobre una apelación. "El fallo no tiene precedentes porque prohibe también a su ex patrono, o a cualquiera, reembolsarla'', señaló el reporte.
La SIP también expresó preocupación por el reportero del New York Times, James Risen, citado en enero por un jurado investigador en Alexandria, Virginia, al parecer para que revele fuentes confidenciales que brindaron información para su libro "State of War'' en el 2006. "Estos casos recientes muestran una tendencia creciente del gobierno federal y abogados privados para obligar a periodistas a revelar sus fuentes'', dijo la SIP.
"Más de 40 reporteros y empresas periodísticas han sido citadas o interrogadas sobre sus fuentes confidenciales, sus notas y otros aspectos de su trabajo, en cortes federales durante los últimos años. La SIP también condenó la detención del fotógrafo de The Associated Press Bilal Hussein, a quien las fuerzas armadas estadounidenses mantienen detenido en Iraq desde el 2006 sin formularle cargos. Hussein, un iraquí que integró el equipo de AP ganador de un premio Pulitzer de fotografía en el 2005, "sigue estando encarcelado sin cargos formales. Ninguna prueba ha sido divulgada para demostrar irregularidades'', señaló el informe. El caso "plantea interrogantes sobre el debido proceso y la justicia expedita''.
