Que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiera poner fin cuanto antes a las protestas del campo es comprensible, ya que se trata del mayor desafío que ha enfrentado el gobierno nacional desde mayo del 2003, pero comete un error muy grave si cree que la mejor forma de lograrlo consiste en permitir que piqueteros oficialistas y camioneros actúen como una fuerza de choque kirchnerista. Mientras que el piquetero más notorio, Luis D'Elía, se confiesa motivado por el "odio visceral" que siente por "la oligarquía" -sector que a juzgar por sus palabras cree conformado por todos "los blancos"- Pablo Moyano, el hijo del jefe de la CGT, Hugo Moyano, se afirma resuelto a garantizar la libre circulación de vehículos "pasando por delante a cuanta Federación Agraria haya en la ruta", una amenaza que en vista de la trayectoria de su sindicato fue necesario tomar muy en serio.

Además de arriesgarse a que haya enfrentamientos brutales entre los afiliados del sindicato más violento de la Argentina actual y los muchos hombres del campo que están habituados a usar armas, la presidenta ha convertido en sus aliados principales a dos de los dirigentes más desprestigiados del país. Y lo ha hecho justo cuando Hugo Moyano se siente afectado, aunque fuera indirectamente, por la investigación de asesinato, según parece por encargo, de Abel Beroiz, quien fue el secretario general de los camioneros de Santa Fe y tesorero de la federación nacional de su gremio. Si bien Moyano insiste en que los intentos de vincularlo con la muerte de Beroiz se basan en "una falacia, una maniobra en mi contra", no tiene derecho a sentirse sorprendido. En todas partes los camioneros son notorios por su proclividad a saldar las disputas con violencia. De más está decir que el gremio manejado por los Moyano -cuya reputación actual se asemeja a la que en los años setenta del siglo pasado tenía la UOM- no constituye una excepción a esta regla deprimente.

Desgraciadamente para Moyano padre, los encargados de investigar el asesinato de Beroiz suponen que el crimen tuvo que ver con una de las muchas internas que periódicamente agitan a los camioneros, o sea, que una vez más fue una manifestación de la violencia sindical que ya es tradicional en nuestro país. Por lo pronto, la detención de Raúl Omar Flores, el delincuente que dice haber sido el autor material del asesinato a cambio de 80.000 pesos -de los que afirma haber recibido 20.000- , no ha ayudado mucho a aclarar el asunto porque lo que más les interesa a los investigadores es la identidad de los autores intelectuales. Como siempre sucede en circunstancias como éstas, en un primer momento los dirigentes camioneros procuraron atribuir el crimen a un asalto común, pero puesto que no fueron tocadas las pertenencias de Beroiz, aquella hipótesis no tardó en ser abandonada. Así y todo, a menos que los investigadores encuentren pruebas convincentes de la participación de algunos pesos pesados del sindicato, no les será fácil superar "la ley del silencio" que con toda seguridad respetarán los presuntamente involucrados.

En vista de las dudas ocasionadas por la situación de Moyano, es alarmante que el gobierno haya elegido permitir que el gremio que le responde intimide a los agricultores rebeldes. Incluso los que están en favor de las retenciones leoninas y se oponen a la metodología piquetera adoptada por algunos productores no pueden sino sentirse preocupados por la voluntad oficial de provocar conflictos que podrían tener consecuencias luctuosas. Asimismo, la agresividad del gobierno frente al campo contrasta con la tolerancia extrema que siempre ha manifestado ante los piqueteros que en miles de ocasiones han cortado rutas y los ambientalistas de la provincia de Entre Ríos que desde hace años están intentando mantener bloqueadas las vías de acceso a Uruguay. Es de suponer que la diferencia se debe no sólo al riesgo de que el desabastecimiento cause problemas graves, sino también a la idea de que los piqueteros -siempre y cuando se mantengan lejos de Santa Cruz- y los ambientalistas son "progresistas", pero los chacareros son "oligarcas" derechistas, de suerte que es legítimo pasar por alto las infracciones cometidas por aquéllos y tratar a éstos con la máxima severidad.