Otra semana. Otro capítulo de la serie "no me ataques porque hablo".

Es que el radicalismo en el gobierno en Río Negro no necesita oposición.

Sus propios integrantes se ocupan de todo: de gobernar, de hacer campaña con sueldos y subsidios oficiales, de candidatearse, de reciclar funcionarios de un organismo a otro... ¡y hasta de criticarse a morir!

Más allá de las bromas que motivaron las múltiples acusaciones de estos días, el tema es preocupante.

En principio, porque no son precisamente una señal de inteligencia de quienes ocupan funciones de gobierno en Río Negro. Tampoco -claro- hablan bien de la transparencia que todo funcionario debería mostrar.

En un sistema republicano, no sólo se debe ser honesto, austero y responsable de sus actos, sino también parecerlo. En hombres y mujeres con funciones públicas, la responsabilidad por los propios actos es tal, que hasta la vida privada es -podría decirse- "menos privada", en la medida en que involucre el uso de fondos públicos o relaciones personales capaces de influir en forma indebida en decisiones de gobierno alejándolas del eje motivador, que no puede ser otro que el bien del Estado y de los contribuyentes.

El entredicho entre el jefe de la Policía provincial y la defensora del Pueblo no puede ser visto como producto de las tensiones normales entre quienes ejercen funciones de poder. Es una muestra de que hay al menos algún funcionario en el Estado rionegrino que supone que su cargo le da la posibilidad de aprovecharse del Estado para sí o para beneficio de amigos o allegados, y hacer gala de ello, al amedrentar encaramándose en la protección que da el poder.

Es habitual que sean precisamente aquellas personas que sin el fasto del Estado podría suponerse que hubieran accedido a un nivel relativamente bajo en actividades privadas o académicas, las que más ansíen el paraguas gubernamental alineándose tras los líderes de turno la mayoría de las veces en términos de sumisión vergonzante. También lo es que sean esas mismas personas las que se excedan en el uso de los recursos y del imperio del Estado, sea para beneficiarse, sea para rodearse de un aura de intocabilidad y grandeza impropios.

Cuando la política y la función pública se desvinculan del concepto de servicio público pierden la brújula, y la cosmovisión de quien en consecuencia equivoca el rumbo se vuelve un raro ojo de huracán, con el mundo boca arriba y el funcionario en el centro.

Gabriel García Márquez, ese inmenso periodista colombiano que recreó en ficción muchas de las miserias, vicios y grandezas de América Latina, describe en poco más de dos párrafos ese extravío.

Narra cuando -tras una cruenta guerra civil- los dirigentes del partido Liberal al que pertenecía el coronel Aureliano Buendía le piden que contribuya a un armisticio renunciando por escrito a varios de los principios que la habían motivado. "Ustedes me exigen que renunciemos a aquello por lo que combatimos. Muy bien, entonces queda claro que sólo estamos luchando por el poder", les dice sin recibir respuesta.

¿Qué, si no el poder, podría haber llevado al jefe de Policía, Víctor Cufré, a creer que podía regalarle a su amigo Juan Carlos Aguirre la posibilidad de recibir el año en compañía de su hijo Juan Manuel, en violación del régimen de salidas vigiladas dispuesto por la Cámara del Crimen que enjuicia a ambos como presuntos coautores del homicidio de la bioquímica Ana Zerdán? Cufré no ha desmentido el "favor" ilegal, que está siendo investigado.

En una provincia seria, las evidencias conocidas hasta ahora hubieran bastado para que el funcionario presentara la renuncia o ésta le fuera solicitada por el gobernador, quien debería ser el primer interesado en mantener la disciplina y la credibilidad en la Policía.

¿Qué, si no el poder, llevó a Cufré a sentirse con derecho de contraatacar aludiendo veladamente a presuntas investigaciones judiciales de las cuales la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, debería rendir cuentas?

La Justicia tiene un rol de esclarecimiento. Y esto es lo contrario a cualquier amenaza. Una causa judicial debería ser resuelta con rapidez y transparencia, y no ser la espada de Damocles que utilice un funcionario para amedrentar a otro.

Las dudas sobre la actuación de Cufré son tantas, que cuesta creer que el fuerte vínculo con el entorno del gobernador haya bastado para sostenerlo en su cargo. El Observatorio de Derechos Humanos ha señalado varias de ellas:

" Al producirse la desaparición de la menor Otoño Uriarte, sugirió que se había ido por sus propios medios, apuntando las sospechas hacia la víctima, hallada muerta varios meses después.

" Nada se esclareció sobre la presunta existencia de 150 esclavas sexuales en la provincia, formulada por el ex secretario de Seguridad, Miguel Bermejo, ni sobre la presunta complicidad policial en la trata de jóvenes para la prostitución, surgida de escuchas telefónicas a una comisaría.

" La falta de voluntad de esclarecer las prácticas de tortura a detenidos, ante denuncias del Observatorio.

Además, podría consignarse su participación en:

" El incumplimiento a la condena de inhabilitación al comisario Marcelo Gómez, ex jefe de la Comisaría 21 de Roca, condenado por malversar fondos públicos.

" La decisión de que un abogado policial defendiera a Gómez, pese a que ese organismo resultó perjudicado por su accionar.

" La exoneración del suboficial que denunció a Gómez, en contraposición con el trato condescendiente al comisario condenado.

En ocasiones, la Justicia suele hablar con voz débil en su relación con el poder. En torno a Gómez, hubo condena, pero falló el control sobre su ejecución.

En otros expedientes, el tiempo desafía hasta a la memoria y las causas languidecen antes de llegar a juicio.

Por eso, una nueva preocupación surgió esta semana, a raíz de la agilidad con que el Poder Ejecutivo gestiona la adhesión a la jubilación de jueces y funcionarios judiciales para garantizarles el 82% móvil de su salario activo, en lugar del actual techo de 4.300 pesos.

La Constitución rionegrina garantiza -con anhelo programático- la jubilación con el 82% móvil a todos los trabajadores. Pero en la práctica, los jueces serán aún más "desiguales" al resto de los mortales ya que, no sólo no pagan Ganancias, sino que podrán disfrutar de lo vedado al resto.

Pero lo peor es que, una vez que los potenciales beneficiarios adhieran al sistema, quedará en manos de funcionarios designados políticamente decidir quién se jubilará primero y quién después. Esta discrecionalidad, que desvirtúa la garantía del juez natural, se suma a la asignación de los adicionales salariales conocidos como MIG, que crean un circuito de "preferidos", difícil de compatibilizar con el principio constitucional de igual salario por igual función.

¿Qué, si no el poder, puede justificar estos mecanismos?

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar