EL BOLSÓN (AEB)- El Concejo Deliberante aprobó por seis votos contra uno, una ordenanza que reglamenta el funcionamiento de los juegos de azar en la ciudad. En la extensa sesión también se sancionó la creación de una oficina anticorrupción municipal, aunque esta vez las voluntades se alinearon cuatro contra tres negativas de los ediles del radicalismo.

El proyecto que regula pautas para casinos, bingos, hipódromos y casas o salas de juegos pertenece a la concejala María de los Angeles Maggi (UCR), quien lo presentó el 26 de diciembre de 2006. El debate fue extenso, en particular para modificar cuatro de los artículos, pero en la votación general todos aprobaron, menos el presidente Raúl García (FpV).

El texto depurado recién será accesible hoy, aunque entre los puntos salientes puede señalarse la creación de un sistema fiscalizador que será el responsable de las habilitaciones comerciales e inspecciones periódicas en estos emprendimientos.

No podrán ingresar a las salas de juego o agencias, los menores de 18 años, los privados de razón, los que se encuentren en manifiesto estado de ebriedad o bajo influencia de drogas. Los jugadores patológicos tendrán vedado el ingreso cuando la familia tenga una orden judicial para ello.

El ente fiscalizador fijará el período de funcionamiento de las salas de juego y los horarios de trabajo.

En cuanto a casinos, bingos o hipódromos no podrán habilitarse en un número mayor a uno por cada veinte mil habitantes en la ciudad, según la resultante del censo poblacional efectuado por el Indec. Para las agencias de apuestas, el límite será de cinco cada 20.000 habitantes.

Otro de los puntos discutidos de la sesión fue la creación de una oficina anticorrupción, propuesta de Raúl García (FpV), Paola Sanna (FpV), Miguel Gotta (PPR) y Jesús Güenuleo (PAYS).

El eje del debate entre los concejales se planteó en torno de la necesidad de existencia de la nueva oficina y en su composición. Para Cecilia Gori (UCR), si las disposiciones de la Carta Orgánica se cumplen no es necesario crear el ente; además cuestionó, por discriminatorio, que en la futura conformación de la oficina anticorrupción se deje afuera al partido gobernante.