BUENOS AIRES (DyN)- La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, haría hoy lugar a un pedido de "no innovar" sobre la situación del campo y retrotraería la situación al 10 de marzo, cuando aún no habían sido aumentadas las retenciones.

Fuentes judiciales consultadas por DyN precisaron que la magistrada dispuso que la entidad denunciante, la Asociación de Dirigentes de Empresa, acompañe documentación suplementaria a su pedido de amparo y le requirió opinión a la fiscalía que entiende en el expediente.

Con esos elementos en su poder estará en condiciones de resolver si hace lugar o no al pedido de la entidad empresarial, con lo cual podría, mediante la vía judicial, destrabar el conflicto que no halla de momento canalización por la vía política.

Precisamente sobre esa faceta del conflicto están apuntadas las miradas desde la justicia, especialmente en el fuero penal, en el que ya hay varias presentaciones realizadas a favor y en contra de las actitudes derivadas por una y otra parte a raíz de las retenciones.

Por lo pronto, el juez federal Sergio Torres recibió ayer la denuncia efectuada por el abogado Eduardo Barcesat contra lo que denominó el "lock out del agro", pidiendo su suspensión inmediata y la reanudación de la provisión de alimentos a los comercios de los centros urbanos.

"Este es un problema político y se tiene que resolver políticamente. No puede ser que no se pongan de acuerdo y busquen que la Justicia haga lo que las partes no son capaces de hacer civilizadamente", dijo a DyN una fuente judicial consultada sobre los tiempos en que podría resolverse la situación.

Mientras, el consultor de negocios Jorge Zatloukal amplió la denuncia que había hecho ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas contra el ministro de Economía, Martín Lousteau.

Y le pidió al titular de esa repartición, Manuel Garrido, que anexe esta denuncia a la que, por cuerda separada, se abrió en el juzgado federal de Julián Ercolini por medio de un abogado que utilizó argumentos similares a los suyos a la hora de cuestionar al gobierno en torno a las medidas impositivas para el agro, indicaron las fuentes judiciales.

La presentación de ADE que tiene a estudio sostiene que las retenciones "violan un derecho constitucional básico: el derecho de propiedad".

La jueza no se pronunciará sobre el fondo de la cuestión, esto es la declaración de inconstitucionalidad de parte del Código Aduanero y de un decreto del gobierno de Carlos Menem, sino que decidirá una medida provisoria que, de hecho, cambiaría el escenario del conflicto.