MONTEVIDEO.- El gobierno de Uruguay sufrió ayer un revés político, debido a la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar inconstitucional un impuesto que grava las jubilaciones y pensiones creado en el marco de una amplia reforma tributaria que puso en vigor hace menos de un año.

Los argumentos del fallo, votado por tres ministros a favor de la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y dos en contra, se comunicarán hoy, anunció el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal.

La reforma tributaria que se puso en vigor en julio de 2007 en Uruguay fue presentada por la administración del presidente socialista, Tabaré Vázquez, como una de las mayores transformaciones que haría durante su gestión, que empezó en 2005 y debe culminar en 2010.

Por ello, según observadores políticos, la determinación de la SCJ supone un golpe para el primer gobierno de izquierda de Uruguay, aunque su impacto fiscal es acotado. Esa reforma redujo las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado, eliminó varios tributos y creó el IRPF, que recae sobre los ingresos de las personas, tanto los generados por su actividad laboral como por rendimientos de capital.

El IRPF fue instaurado por la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio con el propósito de incrementar la "justicia tributaria", en el entendido de que se aplica a partir de un monto mínimo no imponible que exonera a la población de menores ingresos.

La posición de los miembros de la SCJ había trascendido semanas atrás, lo que generó malestar entre integrantes del gobierno de Vázquez. Dirigentes de los históricos partidos Colorado y Nacional (o Blanco), actualmente en la oposición, saludaron la declaración de inconstitucionalidad del IRPF a las jubilaciones y pensiones.