En los primeros 66 días del año fueron asesinadas 33 mujeres y niñas de distintos sectores sociales como consecuencia de la violencia de género, publicó un diario nacional, el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.
La cifra surge a partir de información publicada en los medios, porque nuestro país carece de estadísticas oficiales, entre otras cosas, que impiden un abordaje integral para la violencia de género.
Los medios pueden ayudar a nombrar lo que las víctimas no pueden nombrar y a hacer presente la ausencia del Estado, remarcando lo que está obligado a hacer y no cumple. Sin embargo el tratamiento superficial, poco riguroso, casi novelesco y, en algunos casos, en tono de humor que los medios hacen de esas noticias no contribuye a desterrar los estereotipos sexistas que perpetúan la violencia de género.
Poniendo énfasis en que la noticia también es parte del problema de la violencia, se abrió la jornada denominada "El femicidio no es un crimen pasional", organizada por la Defensoría del Pueblo de Neuquén, el pasado jueves 13. Con el propósito de crear conciencia sobre esta problemática y la cobertura que los medios le brindan cuatro mujeres especialistas en el tema aportaron sus distintas miradas.
"En estos casos -introdujo la defensora adjunta del Pueblo, Graciela Bordieu- la violencia contra las mujeres surge en un contexto social y cultural que reproduce relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Hablar de crimen pasional no sólo excusa al agresor sino también es una forma engañosa de percibirlo, ya que detrás se esconde una historia de violencia en la que está presente la idea de superioridad de un sexo sobre otro", agregó.
El crimen pasional es un "concepto misógino y no científico que esconde el sistema de dominación patriarcal que quiere seguir subordinando a más de la mitad de la humanidad", explicó Soledad García Muñoz, abogada, docente de la Universidad Nacional de La Plata y consultora externa de Naciones Unidas y de instituciones académicas. Es por eso que para referirse a los asesinatos de mujeres a causa de su género, recomienda usar el término de 'femicidio' no sólo por su precisión sino porque que lleva implícito "el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la lucha contra la impunidad ante la violación a esos derechos".
"¿Por qué tenemos que hablar de los derechos humanos de la mujeres? ¿No alcanza con derechos humanos en abstracto? No, porque por hablar en abstracto estamos como estamos", cuestionó García Muñoz. A pesar de ser más de la mitad de la población mundial, las mujeres "somos el 80% de las personas en situación de pobreza en el mundo, somos las dos terceras partes de la población analfabeta, sólo ocupamos el 10% de las bancas en los parlamentos del mundo, sólo un tercio de nuestras actividades son remuneradas, sólo somos dueñas del 1% de las riquezas del planeta y muchas están sometidas a la violencia y discriminación de manera masiva y sistemática. En definitiva, como señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no existe sociedad en el mundo que ofrezca las mismas oportunidades para hombres y mujeres", expuso.
García Muñoz dedicó gran parte de su intervención a resaltar los importantes logros de los últimos treinta años en materia de legislación nacional e internacional.
Desde la "Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" de 1979 y que, veinte años después, creó un comité encargado de examinar su aplicación, el CEDAW, hasta la reciente ratificación de nuestro país del Protocolo facultativo del Comité, que crea mecanismos de denuncia e investigación sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por un Estado parte. "Son tratados internacionales -recalcó- que obligan a los Estados miembro a adoptar normas de derecho interno, con debida diligencia para prevenir, sancionar o reparar situaciones de violencia".
Un abordaje integral
Por eso García Muñoz declaró que "hay que exigir al Estado un abordaje integral que implique mejor legislación, políticas públicas, programas de asistencia y prácticas de prevención; funcionarios con voluntad y sensibilidad política, que promuevan la participación de la sociedad civil; que utilicen cotidianamente los instrumentos legales disponibles, que perfeccionen recursos humanos y materiales y, por último, que destinen presupuesto.
"Lo que nos sobran son derechos, lo que necesitamos es ejercerlos y que el Estado sea el contralor. El fenómeno de la violencia no se resuelve ni con leyes ni con atención psicológica sino con una política de estado, con una verdadera transformación cultural que implique amplia difusión de esos derechos para que las mujeres los hagan propios" agregó la abogada y asesora del Senado, Haydee Birgin, quien habló sobre violencia familiar y el acceso a la justicia. Como resultado de su trabajo de investigación en justicia y género, Birgin explicó que "para garantizar el acceso a la justicia hace falta que el Estado haga tres cosas: brindar patrocinio jurídico gratuito, implementar políticas sociales que ayuden a las mujeres a sostenerse durante el proceso y lograr una justicia independiente que brinde fallos justos en tiempo y forma".
Entre las dificultades que las mujeres encuentran para ejercer su derecho, Birgin señaló que "el Estado no brinda los servicios y que la denuncia se presenta como última posibilidad. Lo que las obstaculiza a denunciar no sólo es un problema económico sino más subjetivo que se relaciona con una gran subestimación y una bajísima autoestima que viene de años". Es cierto que "la violencia atraviesa todas las clases -aclaró Birgin- pero afecta más a los de menos recursos, a quienes viven en situación de marginalidad o desarraigo".
NATALIA LÓPEZ
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