VIEDMA (AV)- Las buenas intenciones que aseguran tener algunos concejales no siempre quedan claramente plasmadas en los proyectos de ordenanza que elaboran. Así ocurrió con la pretensión del edil de la Concertación Pedro Sánchez de establecer la obligatoriedad de que se dé difusión a los actos administrativos del Estado Municipal.
Varios de los artículos del proyecto presentado días atrás en el CD de esta capital levantaron polvareda rápidamente.
Es que más allá del "espíritu" que Sánchez dice que sostiene la intención de la norma, en los hechos se teme que la misma pueda provocar limitaciones operativas para el acceso a la información de carácter público.
"Quisimos llenar un vacío existente en lo que rigen las constituciones Nacional y Provincial y las leyes pertinentes", sostuvo Sánchez en defensa de su cuestionado y casi ridículo proyecto.
"Además quisimos darle una herramienta al vecino que se interese en cuestiones municipales, marca la voluntad de que cuando alguien tiene el deseo de acceder a una información pueda hacerlo", agregó. "El espíritu no es la restricción de la información. Hoy la administración de Viedma es transparente y no lo hacemos para ocultar nada", concluyó.
Pero esta loable pretensión del edil de poner a disposición de los ciudadanos los actos municipales de interés público, choca contra algunos artículos del proyecto elaborado.
Al menos así lo expresó ayer la encargada del área de Acceso a la Información Pública de la Asociación por los Derechos Civiles, María Julia Giorgelli en relación con el artículo que prohíbe "el acceso a la siguiente información: acerca de la intimidad de las personas e información personal; por ser confidencial; causa perjudicable a la toma de decisión pública y sobre excepciones ya estipuladas normativamente".
"Redacciones muy vagas o imprecisas van en contra de la idea de acceso a la información pública", dijo Giorgelli, quien además cuestionó que se designe autoridad de aplicación a un representante del Ejecutivo. "Es conveniente que exista un órgano externo en esa función", indicó.
En referencia a sanciones que el proyecto establece para los agentes municipales o funcionarios que no entregaren o lo hicieran erróneamente información solicitada, la abogada indicó que "puede generar un temor que provoque que no se dé ninguna información. Existe un tipo penal que limita la entrega y no hay que remarcarla en las leyes de información pública. Esas aclaraciones van a incentivar el secretismo".
"Hay información que es confidencial. Pero en eso conviene remitirse a leyes preexistentes", dijo.
