El Gobierno nacional pidió hoy a la Justicia la detención del ex ministro de Economía de la última dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y de otros ex funcionarios de esa cartera, por el crimen de Juan Carlos Casariego De Bel, un ex funcionario del Palacio de Hacienda que objetó la operación de estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIAE).
La presentación fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, ante el juez federal porteño Daniel Rafecas, informó el funcionario.
El pedido de detención alcanza a Martínez de Hoz y a Juan Alemann y Guillermo Walter Klein, ex secretarios de Hacienda y de Planificación durante la gestión del ex ministro.
Casariego Del Bel, director de Registros de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, desapareció el 15 de junio de 1977 tras negarse a firmar una cláusula para acreditar que la CIAE era de capitales extranjeros para cotizarla un precio mayor a su real valor previo a su estatización.
En conferencia de prensa donde estuvo la hija de la víctima, María Casariego, Duhalde dijo que la desaparición de Casariego De Bel está "estrecha y fundamentalmente ligada a su negativa a acordar lo que a su juicio no correspondía en relación a la Italo Argentina que hasta dos días después del golpe era presidida por Martínez de Hoz", a quien definió como un "cuadro esencial del proyecto terrorista de la dictadura".
"No sólo fue el autor del plan económico que fue el fundamento real y verdadero que llevó al asalto de las instituciones el 24 de marzo de 1976, sino que además" tuvo "participación directa en actos propios de terrorismo de Estado" en "hechos concretos que se lo vincula" como de sangre tortura y desaparición de personas", añadió.
El caso investigado se vincula con la compra por parte del Estado de la Italo en 394,5 millones de dólares, cuando en realidad la comisión integrada por Casariego indicó que era mucho menor, unos 122 millones de esa moneda, e incluso menos.
Ya en democracia, una comisión parlamentaria investigó la cuestión y detectó irregularidades en el proceso.
La empresa fue creada en 1911 y en 1961 se renegoció el contrato con una cláusula que incluía que cualquier negociación de compra o expropiación debía hacerse en dólares, pero finalmente se realizó en francos suizos mediante una operatoria en la que participó el embajador de la dictadura en Berna, Luis María del Pablo Pardo.
Fuente: DyN.
