VIEDMA (AV)- Río Negro podría tener en práctica este año la ley de violencia laboral, demorada cuatro años, al surgir cierto consenso para tratarla en el parlamento provincial.

Las legisladoras Magdalena Odarda (ARI) y Beatriz Manso (Encuentro-Frente Grande) trabajan en distintas modificaciones al proyecto presentado cuatro años atrás, y que en su momento el radicalismo lo desestimó ante la falta de coincidencias en los términos de la normativa a aplicar.

Odarda y Manso fundamentaron que "la dignidad humana debe ser especialmente cuidada y protegida en los momentos en que corre más peligro y las condiciones de trabajo no deben ser sólo contempladas en cuanto a su aspecto físico, sino también en cuanto a las garantías de un trato digno que respete los derechos humanos básicos".

Por otro lado coinciden en la preocupación del titular de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, quien también viene trabajando en este tema y con el cual comparten que el tratamiento y la aprobación del texto es considerado fundamental para los trabajadores de Río Negro.

El proyecto fue presentado originalmente por Odarda el 5 de marzo de 2004, y si bien no tuvo consenso, en la provincia de Buenos Aires fue tomado como ejemplo. Allí, la entonces senadora provincial bonaerense del radicalismo Elisa Carca lo promovió en la Legislatura provincial y ya fue convertido en ley. Carca es diputada nacional por Coalición Cívica de Elisa Carrió.

De prosperar en Río Negro, será de aplicación en los sectores provincial y municipal, comprendiendo a los tres Poderes, organismos descentralizados, empresas del Estado, y en las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. El articulado invita a adherir a las organizaciones privadas.

La propuesta define a la violencia laboral como toda acción ejercida por el empleador, personal jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente hacia trabajadores, cualquiera sea su condición laboral, que atente contra su dignidad. Procura asegurar su integridad física, sexual, psicológica o social mediante amenaza, poniendo bajo la lupa supuestos hechos de intimidación, abuso de poder, iniquidad salarial, acoso, maltrato físico o psicológico, sin perjuicio de las conductas definidas en la legislación nacional.

En su momento el radicalismo lo rechazó dado que el texto original no contemplaba el castigo de agresiones de empleados a funcionarios.

La propuesta de Odarda impulsó infracciones con recursos de orden correctivo, multas e indemnizaciones. También prevé garantizar un procedimiento administrativo adecuado y efectivo tendiente al cumplimiento de los objetivos.

A tal fin deberá resguardar la exposición, confidencialidad, y el derecho de defensa en dicho proceso. Los Estados provincial y municipal serán responsables solidarios por las acciones a que se vieran sujetos sus empleados cuando el acto se hubiere efectuado con conocimiento del titular de la jurisdicción que se trate o cuando se le hubiere notificado en forma fehaciente el hecho y no adoptare las medidas para hacer cesar tal conducta.