NEUQUÉN (AN).- El gobernador Jorge Sapag pondrá en manos de la Policía provincial la habilitación, el registro y el control de los prestadores de servicios de alarmas que funcionan en la provincia. En un proyecto de ley que elevó a la Legislatura recientemente impone una tasa administrativa a todos aquellos que trabajen en el rubro de control a distancia de sistemas de alarma.
Se creará un registro provincial de prestadores de servicios y/o provisión de dispositivos y sistemas de alarmas y supervisión a distancia, que funcionará bajo la órbita del ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad, a cargo de Cesar Pérez.
Una vez implementado el registro, se prevén multas que alcanzarán incluso a los particulares, en los casos en que las alarmas de las viviendas no estén conectada a un servicio de supervisión a distancia.
Dos accionamientos de la alarma sin motivos y en un período de 30 días bastarán para que la policía intime a reparar la causa de la falsa alarma y, en caso que continúen los disparos accidentales, se procederá a multar al infractor, se trate de un particular o de una empresa dedicada al rubro.
En la provincia funcionan distintas compañías que ofrecen, por una cuota mensual, la instalación de una alarma y el control, mediante una conexión telefónica, ante cualquier intromisión en las viviendas. Las empresas se encargan de contactar a la policía y es ese el punto que argumenta la ley que promueve el gobierno: el último eslabón del servicio sigue siendo el Estado, por lo que, con la ley, se intenta regular la actividad.
Pero el artículo 11 del proyecto presentado por el Ejecutivo va más allá de la actividad comercial: "los usuarios de algún dispositivo de alarma con conexión automática a un servicio de emergencia público, no abonados a prestador alguno, tienen la obligación de denunciarlo a la policía", se indica en el artículo.
Se desprende de la norma que no será obligatorio informar acerca de las alarmas que no tengan conexión a la policía u otro servicio estatal.
Pero las multas e intimaciones por falsos disparos alcanzan a todos los casos. Así lo indica el punto 16 del articulado, cuando detalla que en los casos de alarmas sin conexión a un sistema central "se aplicarán los mismos principios, ya sea por pedido de un particular o de oficio, se intimará al usuario para que en el plazo de 72 horas subsane las deficiencias".
Para funcionar, la autoridad de aplicación, es decir, la policía, percibirá tasas que van desde un cobro mensual hasta una renovación anual.
Las sumas se deberán definir en la reglamentación, pero se creará un cuenta especial en el Banco Provincia de Neuquén a nombre de la policía.
Las empresas tendrán un plazo de 180 días, una vez sancionada la ley, para presentarse en el registro provincial e incorporarse como prestadores oficiales.
