Nunca ha sido fácil unir a la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro detrás de una sola bandera, pero el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ha logrado. A pesar de representar sectores muy distintos, las cuatro agrupaciones comparten la convicción de que por motivos ideológicos el gobierno desprecia el aporte del campo y, con el pretexto de que está defendiendo los intereses de la mayoría urbana, está resuelto a impedirle aprovechar cualquier aumento de los precios de sus productos. Aunque las protestas que amenazan con prolongarse fueron desatadas por la suba brutal de las retenciones ordenada por el ministro de Economía, Martín Lousteau, se inspiran en mucho más que la resistencia a pagar más impuestos. La sensación nada arbitraria de que el gobierno les es hostil y que por lo tanto no dejará pasar ninguna oportunidad para castigarlos ha enfurecido a muchos agricultores y ganaderos, de ahí la virulencia de su reacción. Asimismo, las declaraciones despectivas y en algunos casos incendiarias que han formulado voceros gubernamentales y aliados como el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y el piquetero apenas presentable Luis D'Elía, sólo han servido para enojar todavía más a quienes saben muy bien que de no haber sido por su aporte no se hubiera producido la recuperación económica de los años últimos.

Parecería que, como le es habitual, la presidenta interpreta lo que está sucediendo en clave setentista, ya que toma la protesta del campo por una rebelión protagonizada por "oligarcas" decididos a obligarla a abandonar el sacrosanto modelo económico que su marido recibió de las manos de su ex padrino Eduardo Duhalde y que no vaciló en hacer suyo. En parte, tiene razón, ya que no cabe duda de que muchos agricultores preferirían un esquema distinto al imperante que favorece a industriales vinculados con el gobierno, pero esto no quiere decir que sea cuestión de una maniobra urdida por los "terratenientes millonarios" denunciada por el gobernador tucumano José Alperovich. Se estima que de cada tres empleos, uno se debe directa o indirectamente al agro, de suerte que es absurdo dar a entender que se trate de una acción desestabilizadora emprendida por un puñado de magnates de opiniones ultraderechistas, tesis ésta que se han puesto a reivindicar los defensores más vehementes de la política oficial. Por lo demás, la mayoría abrumadora de quienes participan de las protestas está conformada por chacareros pequeños que ya temen que la presión impositiva los obligue a vender sus campos, ya se han visto constreñidos a demorar inversiones que servirían para aumentar su productividad.

Antes de llegar al Ministerio de Economía, Lousteau se manifestaba en contra de las retenciones altas a las exportaciones -en un libro que escribió junto con el ex titular del Banco Central, Javier González Fraga, señaló que el 8 por ciento podría ser apropiado para los productos primarios-, pero resulta que no pudo resistirse a la tentación de llevar al 44 por ciento la retención a la soja y, lo que es peor, amenazar con incrementarla nuevamente si los precios internacionales continuaran subiendo, una propuesta que colmó la paciencia de los agricultores porque equivalía a decirles que no les beneficiaría ninguna mejora coyuntural futura. En vista de que el país depende tanto de las exportaciones agrícolas, desanimar así a los hombres del campo fue tan insensato como lo es insistir en agravar el conflicto tratándolos de "extorsionadores", epíteto que ningún funcionario soñaría con usar para descalificar a los piqueteros, a los asambleístas de Entre Ríos o a los camioneros de Moyano. Pero parecería que, por ser en el fondo cuestión de dar rienda suelta a prejuicios políticos arraigados en ciertas facciones peronistas, entre ellas la de la presidenta Cristina y su marido, al gobierno ya no le importa lo que piensan de él los dirigentes de las organizaciones agropecuarias. Por lo tanto, se niega a negociar con ellos, aunque como resultado de su postura agresiva haya desabastecimiento que afecte a los consumidores tanto rurales como urbanos, se reduzca la producción del campo y en consecuencia las exportaciones y se multipliquen las molestias causadas al resto de la población por las movilizaciones.