Con una encuesta en la mano que dice que más del 50% de los consultados respalda el juicio político contra los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el oficialismo avanza decididamente hacia ese proceso que puede desembocar en la destitución de los jueces que conducen el Poder Judicial.
"Yo no me voy ni me jubilo", dijo en privado uno de los cinco integrantes del cuerpo. "Antes de tomar una decisión hay que ver hasta dónde avanzan" los diputados, agregó este juez que habla de la actual composición del Tribunal como si no hubiera existido una cámara oculta, una investigación judicial y un gobernador llamado Jorge Sobisch.
El razonamiento del vocal fue hecho antes de que los diputados dieran firmes señales a favor del juicio. Es un pensamiento que, además, proyecta la imagen del Titanic que se está hundiendo, porque el juez insinuó que si el barco se va a pique se debe saltar en el instante final.
El miércoles, en plenario de comisiones, se comenzarán a analizar los cinco pedidos de juicio político que ingresaron a la Legislatura.
Los diputados estiman que en abril ya estarán integradas las salas Acusadora y Juzgadora para poner en marcha el juicio, y anticipan semanas agitadas por este tema excluyente de la agenda legislativa.
Las versiones sobre jubilaciones ordinarias, jubilaciones anticipadas y otros mecanismos de "salvación" para los vocales no pasaron, al menos hasta aquí, de la categoría de rumor.
La encuesta que tiene el gobierno, según fuentes oficiales, da como resultado que la sociedad vincula mayoritariamente a la actual composición del TSJ con la gestión de Jorge Sobisch y refleja que Sapag tiene respaldo para reemplazar a los vocales.
La medición también le da un alto porcentaje de imagen positiva al actual gobernador, mientras que su antecesor aparece con un indicador negativo muy elevado.
El momento político reúne todas las condiciones, razonan en el gobierno: existen motivos para juzgar a Eduardo Badano, Felipe Cía, Jorge Sommariva, Roberto Fernández y Ricardo Kohon; hay consenso en la sociedad y fortaleza política de la gestión para destituir a los jueces que están identificados con el sobischismo.
Sapag, además, tendría ya una señal favorable de la diócesis neuquina. El obispo Marcelo Melani también avala cambios en el TSJ. Es una posición del obispo que la ha manifestado en privado, confiaron fuentes cercanas al representante de la Iglesia.
En el TSJ hay quienes piensan que Sapag puede llegar a pagar un costo político por dar este paso. "En todo caso está haciendo lo mismo que Sobisch: reemplazando a toda la cúpula del Poder Judicial por otra que se pueda identificar con la actual gestión", razonó una alta fuente del TSJ.
El desafío que tiene por delante el gobierno es justamente evitar que la sociedad interprete que el cambio será más de lo mismo. El gobernador tiene un argumento de peso para avanzar en la dirección ya iniciada: la llamada colonización de Sobisch del Poder Judicial fue tan brutal que igualarla sería de una gran torpeza. Tal vez por esa razón, una de las palabras más utilizada por los legisladores es "prolijidad".
En medio de este debate ya existen especulaciones sobre la existencia de supuestas negociaciones con la oposición para distribuir los cargos en el futuro tribunal. Un legislador de la oposición involucrado en el proceso del juicio político negó tal rumor y dijo que la idea que prevalece en la Cámara de Diputados es avanzar con "seriedad" en el proceso de destitución de los actuales vocales y en la designación de los futuros jueces.
"No hay nada de eso y sería un bochorno si esto se planteara de ese modo", dijo la fuente legislativa.
Al instalarse el tema del juicio político como prioridad de la agenda, el gobierno de Sapag gana tiempo con otros asuntos, en los que avanza sin debate.
Cuando un tema brilla hay otros, no menos importantes, que se opacan. En este caso, el juicio político tiene viento favorable para el oficialismo.
Por el contrario, decisiones que se van a tomar en esta gestión y que comprometerán a generaciones futuras, como las estrategias para la renovación de los contratos petroleros que el gobierno comienza a plantear, no se han discutido.
Por el momento, Sapag transita un camino sin obstáculos para cerrar nuevos acuerdos con las compañías petroleras.
Se sabe que el gobernador quiere más porcentaje de regalías -tiene en mente subirla seis puntos- y el pago en efectivo de un canon para acceder al área concesionada, equivalente al 25% de la facturación del 2007.
El gobernador está en condiciones de firmar muchas prórrogas de contratos de concesiones de áreas petroleras que vencerán a partir del 2015. Serán extensiones anticipadas, como ocurrió con Loma de la Lata durante el gobierno de Sobisch.
Queda claro que Sapag vuelve a privilegiar, como lo hicieron sus antecesores en el cargo, la explotación de los hidrocarburos como elemento movilizador excluyente de la economía y principal fuente de financiamiento de los gastos del Estado.
En oposición a esa determinación de la política petrolera asumida por Sapag, no hay planteada una discusión sobre la oportunidad de salir de un esquema donde el petróleo se integra a la economía como una actividad que, en apogeo, genera beneficios, y en declinación se transforma en un factor desequilibrante, tanto que el Estado puede perder hasta la capacidad de cumplir con compromisos centrales, como el pago de los sueldos.
Justamente eso es lo que le ocurrió a Felipe Sapag en su última gestión, con un precio de petróleo que se llegó a ubicar por debajo de los diez dólares el barril.
Para poder seguir adelante, el ex gobernador debió reducir a la mitad el plus de la zona desfavorable. Por tomar esa decisión, y en el final de su carrera política, pagó un elevado costo.
GERARDO BILARDO
gbilardo@rionegro.com.ar
