SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Concejo Municipal comenzó a estudiar los convenios de regularización dominial de los barrios Pilar I y II que parecían sumidos en el olvido, junto al convenio marco con la empresa "Dos Valles" que el Ejecutivo impulsó con premura semanas atrás.
El apuro es compartido por un nutrido grupo de vecinos de ambos barrios que el próximo miércoles se reunirá con los concejales para conocer la evolución de la iniciativa y pedir su pronto tratamiento.
Aunque el motivo de los vecinos es muy distinto al del gobierno, su apuro radica en la muy lejana posibilidad de acceder al gas natural a partir del caño troncal que instalaría frente a la puerta de ambos barrios el emprendimiento urbanístico "Dos Valles".
Al Ejecutivo, en cambio, le urge dar respuesta a las tramitaciones iniciadas por los inversores del ambicioso proyecto contiguo a Pilar I y II, que contempla el desarrollo de ese sector de la ciudad con el traslado del basural incluido.
A la par de los convenios de regularización dominial, el Deliberante tiene en sus manos una propuesta de acuerdo impulsada por "Dos Valles" para "aportar recursos" destinados a la provisión de agua, gas y recolección de residuos de ambos barrios, asentados sobre el lote pastoril 127. En esas tierras -adquiridas por el agente inmobiliario Alejandro Milhas para "Dos Valles"- se desarrollará el emprendimiento urbanístico.
Mientras los vecinos esperan tener gas natural este invierno el convenio marco en estudio -que todavía no fue suscripto por ninguna de las partes- aclara que el tendido de gas previsto corresponde solo a la red troncal y no a la domiciliaria.
Como marco de referencia continúa en la nebulosa la situación de los convenios de regularización dominial suscriptos entre los vecinos, Milhas y el intendente Alberto Icare a mediados del año pasado, tras la venta del lote pastoril que alimentó la incertidumbre de los legítimos poseedores de ambos barrios.
Los convenios fueron cuestionados con severidad por la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, quien advirtió que contenían errores que perjudicarían a los pobladores de menos recursos de ambos barrios. La funcionaria envió un texto alternativo para subsanar las clausulas de riesgo que fue rechazado por el Ejecutivo municipal.
