Por estos días, en los que se anuncian inversiones inmobiliarias con la prepotencia de un cachetazo, suele escucharse a los adalides de la escala del pueblo, advertir que nada debe hacerse por fuera de la norma local. Enhorabuena, faltaba más. Pero convendría revisar la propia medicina.

Es cierto. Cómo ignorar a esos españoles que quieren poner 600 millones de dólares para construir millares de residencias turísticas -y le apuntan a San Martín- si asusta de sólo pensar en el impacto de los superpoblados obradores. El tamiz ha de ser fino para impedir desbordes, incluso a riesgo de espantar la inversión.

Pero la pregunta es si cabe aplicar el mismo criterio sobre proyectos más cotidianos y más humildes, igualmente sometidos a una pléyade de exigencias. Es cuando se suceden los sinsentidos y la variedad de oficinas a recorrer en el municipio. Y lo sorprendente es que los sinsabores pueden estar a ambos lados del mostrador.. Veamos.

Los arquitectos exudan enojo. Más de uno exhibe ejemplos de trámites que no debieran superar los 30 días para aprobar un plano, pero se demoran seis meses o más en distintos pliegues del municipio. En un país con inflación, seis meses es mucho tiempo.

Un arquitecto recordó un caso de antaño, en el que no había forma de aprobar un pequeño cuarto para una vivienda particular, que el cliente quería de reducidas dimensiones. El profesional se cansó, rehizo el plano consignando las mismas superficies, pero le dio a la habitación el uso de "depósito de violines". El proyecto fue aprobado.

Más allá de la humorada, estos episodios se repiten desde hace años. Entonces, es posible deducir que no es un fenómeno achacable sólo a una administración o a los empleados de turno, sino a una deformación del sistema de control y regulaciones.

Luego, está la enorme presión inmobiliaria, en la que abundan los vivillos. Esos que quisieran hacer diez donde caben cinco. Es vital frenar a los inescrupulosos... ¿Pero hay organización, personal y medios para controlar multitud de loteos y obras. Dicen que ese déficit es notorio en el municipio... O sobra en un sitio y escasea en otro.

Quizá es hora de repensar las cosas y repreguntarse qué debe tutelar el municipio. Las normas que resguardan perfiles del producto urbano, relaciones entre propiedad y espacio público, seguridad, medio ambiente, ente otros asuntos de interés común, son claramente regulaciones que hacen a un consenso político y social de ciudad. Esas, debieran ser de irrenunciable control y cumplimiento.

¿Pero por qué sobreabundar el papeleo en asuntos de interés estrictamente particular, que no afectan al resto del hecho urbano? ¿No sería razonable simplificar en esa materia, sin por eso descuidar el control?

El desafío es encontrar una proporción razonable.

FERNANDO BRAVO

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