BUENOS AIRES (ABA) . - El camarista federal de Roca, Arturo Pérez Petit, no sólo deberá devolver 514.000 pesos, tal como adelantó "Río Negro" el último domingo, sino que -según reza el proyecto de resolución que presentó anteayer la diputada nacional y vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Diana Conti - "corresponde la formación de las debidas actuaciones disciplinarias por la posible comisión de "mal desempeño de sus funciones".

La resolución 2.382/1997 dispone que quienes ingresan al Poder Judicial de la Nación, y cuentan con un haber jubilatorio, deben optar por cobrar el haber previsional o el suplemento por antigüedad.

En caso de elegir la jubilación, la antigüedad se calcula desde la fecha de ingreso al Poder Judicial de la Nación.

Como el Juez Pérez Petit no respetó esta resolución, la Administración del Poder Judicial -a cargo de Cristina Adkmentis- le pidió que restituya al Estado 426.269,91 pesos de capital y 91.178,20 pesos de intereses.

Apoyada en la resolución 2.382/1997, que además señala que todo funcionario público tiene la obligación de cuidar los recursos del erario público tras una investigación se determinó que hubo infracción a aquella y, frente a ello, -según indica el pedido de Conti corresponde, "más allá de la devolución de los fondos, la formación de las debidas actuaciones disciplinarias por la posible comisión de mal desempeño de sus funciones".

El escrito señala que "habida cuenta de que no se trata de un hecho aislado, y que existen antecedentes en este Consejo de la Magistratura, es necesario adoptar un criterio general al respecto".

En ese marco, -continúa el texto- corresponde: 1) Recordar a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación la absoluta vigencia de la resolución 2.382/1997, y 2) Ordenar a la administradora general que, en lo sucesivo, frente a la sospecha de una situación de estas características haga saber de todo lo actuado a la Comisión de Disciplina y Acusación en forma inmediata".

Este párrafo podría -según interpretaciones de observadores judiciales- implicar una crítica a la tarea de Adkmentis dado el tiempo transcurrido que se conoce comenzó la investigación de las irregularidades administrativas.