BUENOS AIRES (DyN) - Un ex juez de Morón y su hijo adoptivo denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las presuntas violaciones de derechos humanos a las que fueron sometidos en el marco de una investigación de la jueza María Servini de Cubría para tratar de encontrar al nieto desaparecido de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Los Gutiérrez responsabilizaron por las presuntas violaciones a sus derechos humanos a la jueza Servini de Cubría; a su secretario letrado, Ricardo Parodi Lascano; al Consejo de la Magistratura, que rechazó un pedido de juicio político contra la magistrada y a la propia Estela de Carlotto, "en forma personal y en su carácter de titular Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo".

En el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, caratulada "Minicucci, Federico Antonio y otros s/privación ilegal de la libertad y sustracción de menores de 10 años", en la que Estela Carlotto es querellante, Roberto Julián Gutiérrez fue citado al juzgado de Servini de Cubría en mayo de 2001.

"Parodi Lascano me dijo textualmente: 'Bueno, Roberto vos sabés que sos adoptado', a lo que yo le contesté inmediatamente -pese a que se trataba de una simple introducción y no de una pregunta- 'No, no lo sabía'. Hasta aquel momento desconocía que era hijo adoptivo del matrimonio compuesto por Amanda Lucía Lucatelli y Roberto Primitivo Gutiérrez", relató el damnificado, según informó DyN oportunamente.

Gutiérrez aceptó someterse a dos extracciones de sangre para sendos exámenes de ADN, pero cinco años después terminó enterándose que los resultados eran negativos: no era nieto de Carlotto, ni tampoco de otros desaparecidos, pese a que aún se sigue cotejando su patrón genético con el banco de datos de la organización humanitaria.

En su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos dependiente de la OEA reclamó que "ante la manipulación ilegal de la información genética" el organismo "adopte una medida cautelar para evitar los constantes entrecruzamientos de ADN tanto en el Banco Nacional de Datos Genéticos como en un laboratorio privado en Estados Unidos que actúa como perito de parte de la señora de Carlotto".

Más aún, los Gutiérrez cuestionaron al propio Banco Nacional de Datos Genéticos al señalar que "no puede ser considerado perito oficial por cuanto la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo integra la Comisión Asesora de ese banco para casos relacionados con personas desaparecidas durante el último proceso militar".

En los tribunales argentinos, los Gutiérrez denunciaron penalmente a la jueza Servini de Cubría y a su secretario letrado, en un expediente que lleva el número 6572/07 y es investigado por el juez federal Sergio Torres y el fiscal Miguel Angel Osorio. Fuentes judiciales dijeron a esta agencia que la causa fue desestimada en primera instancia y está ahora en revisión en la Cámara Federal.