NEUQUÉN (AN).- Aquellas personas que, habiendo accedido a planes de vivienda de la provincia, hayan cancelado la financiación, tendrán la posibilidad de escriturar sus propiedades. En caso que exista deuda o morosidad, también se podrá escriturar, pero primero se buscará un refinanciamiento de la suma impaga, con lo que se espera reactivar un sistema que fue un emblema en la provincia.

Mediante una ley, el Ejecutivo espera iniciar un proceso de regularización dominial de las propiedades. Esta semana envió el proyecto, anunciado por el gobernador, Jorge Sapag, en ocasión de la firma de un convenio de trabajo conjunto con el intendente de Neuquén, Martín Farizano, días atrás.

La autoridad de aplicación de la ley será el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), un organismo que Sapag pretende reactivar luego de que la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) no lograra brindar soluciones de fondo a la crisis habitacional de la provincia.

EL IPVU deberá mantener actualizado un registro único de adjudicatarios de las viviendas o inmuebles que financió a lo largo de su vida institucional.

Por esa razón, en el corto plazo iniciará un relevamiento técnico de la situación de dominio, habitacional, ocupacional y social de todos los inmuebles.

Para los casos en los que se hayan cumplido, de parte del beneficiario, todos los compromisos de pago, se procederá a la escrituración inmediata. La posibilidad de contar con un título de propiedad en lugar de tenencias precarias permite a los dueños acceder, por ejemplo, a financiamiento bancario a través de créditos hipotecarios.

"Cuando exista deuda se hará, junto a la escrituración, una garantía hipotecaria en primer grado sobre el mismo, con el saldo de deuda a favor del IPVU", indica el proyecto. En ese punto se encuentra la clave del objetivo del gobierno provincial, que es, además de comenzar a normalizar una situación que lleva años en irregularidad, dotar de fondos externos al organismo y revitalizarlo.

El proyecto destaca que el relevamiento permitirá identificar a los titulares de los inmuebles, que a lo largo de los años pueden haber cambiado, pero también iniciar eventuales acciones judiciales para recuperar la inversión realizada y poder financiar nuevos planes habitacionales.