juzgar por su retórica, todos los gobiernos de las décadas últimas han querido transformar la Argentina en un país más equitativo. El objetivo así supuesto figuraba entre las prioridades incluso del régimen militar que tomó el poder hace 31 años. Pero aunque en 1976 la desigualdad ya se consideraba escandalosa, desde entonces no ha dejado de agudizarse. Mientras que los gobiernos calificados de liberales apostaban al "efecto goteo", según el cual si las capas superiores prosperaran los demás se verían beneficiados, los denostados como populistas se afirmaban partidarios de la "redistribución" de los ingresos, o sea de la transferencia directa de recursos desde las cuentas bancarias de los ricos hasta los bolsillos raídos de los pobres. Ambas estrategias han fracasado. En la actualidad, la Argentina es menos igualitaria de lo que fue diez, veinte o treinta años antes y todo hace prever que la brecha entre la minoría acomodada y el resto seguirá ampliándose.

Lo hará por varios motivos. Uno tiene que ver con la inflación que, como muchos han señalado, equivale a un impuesto que castiga despiadadamente a quienes tienen menos. Al negarse a combatirla so pretexto de que es sólo un invento opositor, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reduce mes a mes el poder de compra de millones de familias. Asimismo, el proteccionismo que se manifiesta a través del "dólar competitivo" y medidas destinadas a frenar las periódicas "invasiones" de productos chinos y brasileños perjudica a los pobres al impedirles comprar bienes de calidad a precios accesibles. A comienzos del siglo pasado, los socialistas se oponían con vigor al proteccionismo por entender que privilegiaba a los empresarios en desmedro de los trabajadores, pero tales planteos resultaron ser menos convincentes que el discurso nacionalista que esgrimirían los resueltos a mantener semicerrada la economía.

No sólo es cuestión de políticas que propendan a favorecer a quienes están en condiciones de defenderse contra la inflación y a empresarios cuya fortuna depende del mercado interno. La llamada "economía del conocimiento", es decir: la importancia creciente de todo lo relacionado con el saber a la hora de determinar los ingresos de cada uno, atenta contra las aspiraciones de quienes carecen de preparación. Puesto que es muy alta la proporción de los pobres que no han completado el ciclo secundario, les está resultando cada vez más difícil encontrar empleos bien remunerados ya que en muchos casos su productividad es virtualmente nula.

Al hacerse evidente que en un período determinado la desigualdad se ha agravado, representantes de la oposición comienzan a imputarlo a la voluntad de quienes están en el poder. Según liberales y aristas, al matrimonio Kirchner y sus simpatizantes les conviene que haya muchos pobres porque de lo contrario dejaría de brindarles buenos resultados el sistema clientelista que tanto los ha ayudado a consolidar su poder. Del mismo modo, los menemistas, militares y hasta los radicales fueron acusados por sus adversarios de querer mantener atrapado en la miseria al grueso de la población argentina por suponer que así les sería más fácil manejarlo. Aunque las teorías de este tipo pueden servir para poner en apuros al gobierno de turno, no son persuasivas ya que las eventuales ventajas políticas de depauperar a la mayoría serían ínfimas en comparación con las que produciría una etapa de prosperidad generalizada.

Puede suponerse, pues, que todos los gobiernos, tanto los más progresistas como los más reaccionarios, coincidirán en que es urgente por motivos no sólo éticos sino también prácticos procurar reducir las dimensiones del abismo que separa a una minoría relativamente próspera de una mayoría que aporta poco a la economía y recibe poco a cambio. Las diferencias tienen que ver con la mejor forma de lograrlo. Puesto que la economía argentina ya es sumamente inequitativa, las medidas encaminadas a redistribuir los ingresos que recomiendan los progresistas afectarían negativamente a todos aquellos que dependen del gasto de los calificados de ricos. Si bien el "efecto goteo" no es tan eficaz como quisieran creer muchos liberales, es mucho más que un mito interesado. Sería posible potenciarlo pero, a menos que el gobierno responsable procediera con cautela, el esfuerzo emprendido resultaría contraproducente.

Las sociedades más igualitarias -las escandinavas y algunas de Asia oriental como la japonesa de la posguerra- se destacaban por el alto nivel educativo de casi todos sus habitantes. Solían ser homogéneos, ya que con escasas excepciones todos formaban parte de la clase media, y libres de corrupción, un mal que siempre provoca una mayor desigualdad al privilegiar los vínculos personales por encima de la capacidad. Eran "meritocracias" en que se aceptaba que era justo que los más talentosos y vigorosos ganaran más que otros, siempre y cuando las diferencias no fueran excesivas. Pero últimamente, incluso en estas sociedades modelo, las grietas se han hecho más anchas debido a la llegada de contingentes nutridos de inmigrantes procedentes del Tercer Mundo, las presiones causadas por la gobalización y, desde luego, la propensión universal de los mejor instruidos a distanciarse económicamente del resto.

No es suficiente lamentar la desigualdad que es tan característica de América Latina y, a partir de inicios de los años setenta del siglo pasado, de la Argentina. Deplorarla, como vienen haciendo varias generaciones de dirigentes políticos e intelectuales, a lo sumo sirve para dejar constancia de la sensibilidad social propia. Tampoco es suficiente subrayar que un país con menos pobres sería mejor para todos, incluyendo, desde luego, a los ricos que temen por su seguridad y los empresarios a quienes les encantaría contar con más consumidores para sus productos. Lo que se necesita no son denuncias o teorías elaboradas con el propósito de culpar a grupos determinados por la ingrata situación existente sino propuestas realistas.

A esta altura, no cabe duda de que la clave está en la educación. Hasta que pueda asegurarse que todos salvo una pequeña minoría de congénitamente incapaces reciban una educación equiparable con la de sus contemporáneos escandinavos, neozelandeses, japoneses, coreanos, etc., no habrá ninguna posibilidad de que los pobres que constituyen casi la mitad de la población del país se integren plenamente a la parte más moderna y más dinámica de la economía nacional. Pero no sólo se trata de brindar a los habituados a vivir al margen de la sociedad de consumo más oportunidades educativas. También será forzoso persuadirlos de que es de su interés aprovecharlas: la convicción íntima de muchos de que no vale la pena aprender porque en última instancia todo depende de quienes presuntamente encarnan el poder, aunque sólo sea cuestión de un cacique o puntero vecinal menor, es una de las barreras más intimidantes que se encuentran en el camino que, con suerte, desembocaría en una sociedad menos dividida.

Además de escuelas mejores, una estrategia destinada a reducir la pobreza hasta que sea una lacra apenas explicable que preocupe principalmente a los psicólogos comprendería reformas destinadas a dotar al país de una administración pública más eficaz, más profesional y, para que haya menos discriminación, más impersonal, una lucha genuina contra la inflación y, debería ser innecesario decirlo, una batalla frontal contra la corrupción, este fenómeno desmoralizador que difunde el mensaje de que la única forma de prosperar en este mundo consiste en hacer gala de la viveza propia estafando a los demás. Acaso sea imposible eliminar la pobreza por completo -hasta ahora ninguna sociedad ha logrado hacerlo-, pero no lo sería conseguir resultados comparables con los ya alcanzados por muchos países europeos y asiáticos.

JAMES NEILSON