En el transcurso del 2007, la configuración del sector petrolero argentino se vio alterada por una serie de acontecimientos de singular relevancia. Sin duda, la importante escalada del precio del barril a nivel internacional acarrea cambios y activa la disputa por la renta y propiedad de los recursos energéticos. Frente a esta perspectiva, es probable que las grandes petroleras prevean conflictos en los países periféricos y concentren sus inversiones en áreas seguras.
Por un lado, la provincialización de los bienes del subsuelo -que había sido establecida en la reforma de la Constitución de 1994-, cuya reglamentación se concretó con la sanción de la ley 26.197 -denominada "ley corta"-, promulgada en enero del 2007. Según la norma, las provincias asumen el dominio y la administración de los yacimientos que se encuentren en sus respectivos territorios, incluyendo los situados en las costas, quedando habilitadas para celebrar contratos de adjudicación para extracción y/o exploración con cláusulas y condiciones propias (porcentaje de regalías, canon, etcétera) para ejercer actividades de fiscalización y verificación, así como para renegociar por su cuenta las concesiones que vayan venciendo. Recordemos que en el 2000 el ex gobernador Sobisch requirió la intervención del gobierno central para la aprobación de la prórroga anticipada de Loma de la Lata. Un ejemplo actual en la misma dirección es la extensión por diez años -hasta el 2027- de la concesión a la empresa Pan American Energy -constituida por Bridas y British Petroleum-, que negocian los gobiernos de Chubut y Santa Cruz en la prometedora área de Cerro Dragón. Entre las condiciones fijadas en Chubut figura la suba de tres puntos en el pago de regalías, que pasarían a representar el 15% del valor.
El Estado nacional sólo dispone de los yacimientos que se encuentran a partir de las doce millas marinas hasta el límite de la plataforma continental.
La medida constituye un nuevo capítulo en la histórica disputa por la llamada "federalización" del subsuelo, que ha tenido lugar en la Argentina desde los inicios de la explotación del petróleo a principios del siglo XX, en la que las provincias petroleras en general mantuvieron posturas contrarias a las iniciativas relacionadas con la nacionalización de los recursos y a la unificación de las decisiones en ese sentido.
En un mercado caracterizado por la fuerte presencia de grandes multinacionales como Repsol, Esso, Shell y Petrobras, las nuevas atribuciones provinciales surgidas de la "ley corta" crearon condiciones para la irrupción de compañías pequeñas o medianas. Algunas de ellas pertenecen a los considerados capitales nacionales, frecuentemente con buenos contactos con el poder. Tal es el caso de las representadas por los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez o la familia Eskenazy y su grupo Petersen, convertido recientemente en socio de Repsol en una poco frecuente operación financiada en gran parte por la propia firma vendedora y cuyo impacto aún es incierto (también algunas de las provincias productoras de hidrocarburos han manifestado interés en participar minoritariamente en el paquete accionario del gigante español).
En Río Negro las empresas chicas tienen una significativa presencia relativa, a juzgar por los resultados de las recientes rondas licitatorias. Y en Neuquén, si bien la nueva gestión no ha precisado sus objetivos en materia de política en cuanto al manejo de los hidrocarburos, el actual gobernador expresó en varias ocasiones su voluntad de estimular el ingreso de nuevos actores.
En este marco, a fines de año el gobierno central anunció la modificación del cálculo de las retenciones. El derecho de exportación pasa a ser totalmente móvil -sin techo- y su valor dependerá del precio internacional, mecanismo que no sólo se aplicará al crudo sino a una serie de derivados tales como naftas, querosenes de aviación y aceites lubricantes, entre otros. La variante principal proveniente de la nueva legislación es la fijación en 42 dólares como valor de corte o monto máximo que percibe el exportador, cualquiera sea el precio internacional, mientras que el remanente constituye ingreso fiscal. El cambio es significativo, ya que hasta la puesta en vigencia de esta resolución se aplicaba una escala móvil, hasta un máximo del 45%, complementada con coeficientes menores para los derivados. La antigua modalidad beneficiaba a las exportadoras que, al vender productos de distinta alícuota impositiva, terminaban pagando menores impuestos. Las reformas introducen el aumento de las retenciones a todos los bienes exportables. Un primer cálculo establece que quedarán para el Estado unos cuatro mil millones de dólares adicionales, que contribuirán a robustecer el superávit de las cuentas públicas.
La provincialización de los recursos del subsuelo y el incremento de los derechos de exportación reflejan el intento de dos niveles estatales -Nación y provincias- de ampliar su participación en el excedente o renta derivada de los hidrocarburos, propósito que necesariamente pierde fuerza al ser llevado a cabo por vías separadas. Por otra parte, el costo de extracción del barril de petróleo en la Argentina se promedia en unos 10 dólares, lo cual deja a las empresas un considerable beneficio, aun con la nueva normativa. La reciente liberación del precio del gas a boca de pozo para la futura producción pretende ser un incentivo para que las empresas vuelvan a la búsqueda de este vital componente de la matriz energética de la Argentina.
Si se analiza en perspectiva, el nuevo escenario no logra revertir el esquema estructurado a partir del profundo proceso de transformación que el sector energético ha experimentado desde 1989. La privatización de YPF y de Gas del Estado, la desregulación instrumentada durante la gestión de Menem y, ahora, la fragmentación del dominio de los recursos del subsuelo, asociada a la puja por la apropiación de la renta, sin duda van debilitando cada vez más la posibilidad de articular políticas relativas a recursos agotables que deberían ser considerados estratégicos en el diseño de un proyecto de desarrollo nacional.
Las provincias podrían asignar nuevos roles a sus propias empresas de petróleo, de manera de emprender en conjunto con la nacional Enarsa el camino hacia el reemplazo de la desaparecida YPF estatal.
ERNESTO BILDER y ADRIANA GUILIANI (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Docentes de la UNC
