Hubo dos obstáculos que dañaron el secreto impuesto a los adelantos en cuenta corriente otorgados por el Banco de la Provincia de Neuquén a las sociedades del grupo Temux, por un monto de poco más de 23 millones de pesos. El primero fue el Banco Central, y el segundo las publicaciones de este diario.

Todos los fines de mes los bancos dan al BCRA la nómina de sus principales deudores en forma detallada. La deuda de los clientes menores se informa en una sola cifra. En el informe deben constar el número de CUIL, el monto de la deuda, por supuesto la identidad del deudor, su actividad y algún otro dato identificatorio.

En el caso del BPN, sometido a especial vigilancia por el Central, comenzaban a aparecer como principales deudoras varias firmas nuevas, desconocidas en el medio y con antecedentes objetables. Como esas anomalías se prolongaban con el correr de los meses, el BCRA pide al BPN mayor información y remisión de documentación. Es entonces cuando salta el encubrimiento, porque queda evidenciado que hay una maniobra delictiva, y a la vez que hay en los números una sugestiva diferencia del 15 por ciento.

Se sabe, como lo ha señalado el fiscal Pablo Vignaroli y a pesar de que hasta hoy no hay documentación que lo corrobore -porque todo el trámite habría sido verbal- que las órdenes dirigidas a la sucursal Buenos Aires del banco las daba el gerente general -ex socio y amigo de Luis Manganaro- Juan Pablo Bugner. El dinero salía de la sucursal, en una valija, hacia una oficina cercana del centro porteño.

El plan para ocultar el fraude se aprobó en una reunión realizada en el despacho de un alto funcionario del gobierno provincial. Los nombres de quienes participaron están sujetos a confirmación, pero son conocidos, e identifican a otros funcionarios gubernamentales y del banco.

Se acordó en la reunión un aporte de capitalización al banco por 20 millones de pesos, y algunas medidas que -suponen algunas fuentes- estaban dirigidas a demostrar que todas las responsabilidades se concentraban en funcionarios de la sucursal Buenos Aires, en particular el gerente Carlos Herrera y el jefe de la mesa de dinero Alberto Cáceres.

Como si en la casa matriz hubieran sido sorprendidos por las noticias del fraude, se decidió hacer una auditoría e iniciar un sumario.

El auditor designado fue un oscuro ejecutivo del banco, quien a poco de iniciada su labor comenzó a despachar correos internos hacia las gerencias general, comercial, financiera, de créditos, en los que informaba que había encontrado excesos de facultades crediticias, operaciones no autorizadas y sin respaldo, compraventa de dólares por fuera de las normas. Así se pretendió lograr que las responsabilidades recayeran en funcionarios de la sucursal, entre ellos Herrera y Cáceres. Estos fueron suspendidos, pero han seguido percibiendo sus sueldos hasta hoy, probablemente para que se mantengan en silencio.

El sumariante, otro oscuro oficial del banco, fue más severo que el auditor con los empleados y más indulgente con los jefes. No obstante, todo comenzó a complicarse porque un funcionario honesto -que rechazó los dictámenes del auditor y las conclusiones del sumario- sugirió otros responsables además de los empleados, pidió una ampliación de las actuaciones y de las declaraciones y elevó al presidente Félix Racco un informe relativo a la maniobra. Éste, asesorado por el entonces abogado del banco, Sebastián Brollo, presentó una denuncia penal.

La historia que siguió a la denuncia es más conocida. La investigación judicial quedó paralizada durante un año y medio en manos del juez Marcelo Muñoz y, además, deja un hueco de grandes proporciones, ya que no ha avanzado sobre las denuncias que hizo en este diario el legislador provincial justicialista Ariel Kogan. Con abundante documentación el legislador puso en evidencia un vínculo tan sorprendente como estrecho entre el grupo Temux y la principal contratista del Plan de Seguridad ideado por Manganaro, Damovo SA.

JORGE GADANO

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