NEUQUÉN (AN).- El gobierno provincial ha decidido responder a las voces que reclamaban, en lugar de modificar la ley del niño y del adolescente, más conocida como 2.302, ponerla en funcionamiento. El primer gesto político había sido pasar a archivo la iniciativa del ex ministro Luis Manganaro, quien representaba la voluntad a favor de la reforma. Con la convocatoria a organizaciones del sector para integrar el Consejo, el gobernador Jorge Sapag volvió a poner distancia de las políticas con las que su antecesor en el cargo, Jorge Sobisch, intentó quebrantar una norma defendida por ser modelo en el país.

El jueves se realizó la primera reunión de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social con organizaciones del sector. La subsecretaria de Promoción Social, Raquel Petris, encabezó el encuentro con más de 30 organizaciones no gubernamentales interesadas en participar en el Consejo previsto en la ley 2.302. Según se informó, el objetivo es definir un padrón oficial de instituciones civiles dedicadas a la problemática de la niñez y la adolescencia. Si bien la convocatoria lleva varias semanas, se aclaró que sigue abierta la inscripción para que otras entidades interesadas se puedan sumar. El contacto es vía correo electrónico (conafnqn@neuquen.gov.ar) o por teléfono, al 0299-4493826.

El paso siguiente del proceso es que los representantes de las organizaciones puedan avanzar en la designación de cuatro delegados titulares y cuatro suplentes, que se sumarán al resto de los miembros del Consejo Provincial de la Niñez y la Adolescencia. El artículo 39 de la ley establece que la máxima autoridad del organismo es el referente del área en el gobierno, en este caso el ministro de Desarrollo Social, Wálter Jönsson. También lo integran un representante de cada área vinculada en el Ejecutivo, especialistas designados por la Legislatura (representación proporcional), un magistrado y la defensora del Niño y el Adolescente, Nara Osés.

El Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia es el órgano consultivo y de asesoramiento en la planificación de políticas públicas de la niñez, adolescencia y familia, y, según lo define la ley, su objetivo es "impulsar la participación institucional de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática de la niñez y adolescencia".

Las reformas que proponían Sobisch y Manganaro en el 2004 apuntaban a un endurecimiento en el trato a los menores que cometieran delitos.

Pero las organizaciones dedicadas al tema conformaron un foro en defensa de la ley y se opusieron a los cambios.