VIEDMA (AV)- La Legislatura dio su total apoyo a la creación del municipio de Dina Huapi, un poblado que en la actualidad cuenta con unos 5.000 habitantes, muy cerca de Bariloche.

El proyecto fue tratado sobre tablas, a partir de una iniciativa del Ejecutivo y deberá ser ratificado en segunda vuelta. El texto fue modificado en el curso de la sesión para que el llamado a elecciones destinado a designar autoridades municipales se concrete en un plazo de 90 días.

La legisladora Magdalena Odarda resaltó que hace un año atrás presentó el primer proyecto, por lo que tomó esta iniciativa como propia. Mencionó que en la actualidad recibe aportes de 6.000 pesos mensuales en carácter de comisión de fomento, y al pasar a la nueva categoría podría recibir unos 90.000 pesos mensuales.

El Bloque Justicialista fundamentó su voto positivo por medio de Silvina García Larraburu, quien expresó que "con este aval se está reconociendo, muy fuertemente, la gran paciencia de los pobladores que han mantenido su esperanza por más de 15 años a la espera de esta reivindicación de sus reclamos, en demanda de la tan ansiada municipalización de Dina Huapi."

Afirmó que "nuestro acompañamiento, no hace más que reconocer la expresa voluntad de sus habitantes porque lamentablemente los distintos gobiernos provinciales, con maniobras dilatorias, vinieron postergando su tratamiento."

También se pronunciaron favorablemente Marcelo Cascón del radicalismo, Osvaldo Muena (Concertación), y Beatriz Contreras (Encuentro-Frente Grande).

El nuevo ejido será el correspondiente a los sectores lindantes al norte con el río Limay, al noreste y sureste con Pilcaniyeu, al sureste con el río Ñirihuau y al noreste con el lago Nahuel Huapi, abarcando una superficie total de poco más de 1.216 hectáreas.

Entre otros argumentos, se mencionó que el artículo 226 de la Constitución provincial prescribe que toda población con asentamiento estable de más de 2.000 habitantes "constituye un municipio, y ello se ha certificado con el censo respectivo".

El tema de las comisiones de fomento tuvo ayer su costado conflictivo cuando la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, se presentó ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para denunciar presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

En una nota que le dejó en el despacho al fiscal Pablo Berraz se consignó que en sus inspecciones y recorridas por distintas regiones del territorio provincial recibió quejas de los pobladores al afirmar que "no existe transparencia en la rendición de los fondos destinados al accionar comunitario".