La problemática del acceso a la tierra y la vivienda atraviesa de manera global todo el territorio nacional, y sin lugar a dudas puede afirmarse que es la mayor deuda pendiente que el Estado no ha conseguido saldar adecuadamente, desde el estallido de diciembre del 2001 a la fecha. Particularizando la situación en nuestra provincia, resulta claro que, como consecuencia del cambio de variables macroeconómicas, la economía regional comenzó un proceso de recuperación, que si bien no terminó con el problema del desempleo -que impactó especialmente durante los años 1995-2005- lo redujo sustantivamente al punto de no constituir en la actualidad el principal factor de preocupación en materia de gestión social para la administración local, tanto provincial como municipal.

Las permanentes movilizaciones de finales de los noventa, acrecentadas a partir de la caída de De la Rúa, con la clara consigna de conseguir alimentos y trabajo, dejaron de formar parte del triste y desolado paisaje urbano de un país quebrado por el hambre y la desocupación. Sin embargo, al igual que sucede con las enfermedades que afectan gravemente la salud física de un individuo, extendiendo la convalecencia mucho más allá del alta médica, cuando el tejido social de una Nación sufre un deterioro tan profundo y severo, la recuperación siempre se acompaña de secuelas que perduran a lo largo de muchos años.

El incremento de la oferta laboral, al igual que el lento pero sostenido crecimiento del salario real, en especial en la actividad privada es un hecho que naturalmente deviene de una economía que hace cinco años registra altos índices de crecimiento y en la que el sector privado juega un rol preponderante. Sin embargo, los excluidos de la tierra y la vivienda parecen estar corriendo detrás de un objetivo en donde los índices de crecimiento económico que favorecen la recuperación del empleo van acompañados de una revalorización en algunos casos por arriba de valores constantes de los precios de las tierras urbanas y los alquileres, que les hace absolutamente inalcanzable el viejo sueño del techo propio.

El libre juego de oferta y demanda no puede ser el que resuelva este desequilibrio social, fruto de un Estado que permaneció ausente por décadas y que se desinteresó de uno de los problemas que más angustian a cualquier ser humano: la imposibilidad de acceder a la vivienda. Los conflictos sociales irresueltos o, aún peor, ignorados desde el poder, siempre terminan haciendo eclosión, con la agravante que para ese momento ya vienen de la mano de nuevas dificultades que quien gobierna deberá resolver.

El piquete de calles y rutas fue la expresión que encontraron los excluidos del sistema para reclamar por alimentos y trabajo, en un Estado que había decidido desinteresarse de amplias franjas de la sociedad. La "toma" u ocupación forzada de lotes públicos y/o privados es la consecuencia del otro gran conflicto social irresuelto, la profunda distorsión existente entre la oferta y la demanda de tierras y viviendas, por idénticas razones.

Las ciudades con mayor crecimiento en nuestra provincia hace algunos años que son reflejo de este drama. Independientemente de los que desde la especulación malsana pretenden sacar provecho de estas situaciones, que también los hay.

Resulta indiscutible el costado ilegal que tanto los piquetes como las "tomas" tienen, nadie duda de ello, pero ¿nos preguntamos alguna vez seriamente cómo ha funcionado el cumplimiento de las normas en nuestro país? No hace mucho un jugoso reportaje de este diario a Alberto Binder fue titulado con una frase suya que no por provocadora resultaba menos cierta "...en la Argentina el primer infractor a la ley es el Estado...", muy reveladora viniendo de un jurista de su talla. La sociedad de los últimos cincuenta años se acostumbró no sólo a los golpes de Estado, paradigma del quebrantamiento de la ley, sino también a un sinnúmero de decisiones estatales que dieron por tierra desde los fundamentales derechos a la vida y la libertad como los vinculados con la propiedad.

La clave de nuestros tiempos estuvo signada por la ruptura de la institucionalidad y una de sus consecuencias más significativas, la negación de la autoridad pública, fue lo que derivó en una decisión social tácitamente acordada a lo largo y ancho del país; si tú no cumples yo tampoco. Aquella clásica "exceptio non adimpleti contractus" de los romanos, que la sociedad de los excluidos decidió ejercer en defensa propia.

Por ello, a pesar de que tradicionalmente se entendió que la Nación debía atender las necesidades vinculadas con la vivienda, es tan elevado el déficit y tan penosas las consecuencias, que el Estado provincial y los municipios que afrontan este problema ya no pueden evadir su responsabilidad en la materia, no sólo porque la Constitución provincial y la mayoría de las cartas orgánicas municipales -en consonancia con la Constitución Nacional- lo disponen, sino porque se trata de un urgente imperativo de la realidad social. Es cierto que está pendiente una nueva y más equitativa distribución de fondos entre la Nación y las provincias, pero su retraso no justifica desconocer los modernos desafíos de la gestión local.

Al igual que la problemática de la inseguridad, que está finalmente siendo asumida como una responsabilidad compartida, también debe serlo, de acuerdo con el volumen de los presupuestos y la importancia de las dificultades, el acceso a la tierra.

Deben instrumentarse planes, por lo menos quinquenales, de adquisición de tierras para que complementariamente con los distintos programas nacionales (Plan Federal II, Promeba, etc.), se dé un mensaje claro a la sociedad, confirmando que el derecho a la vivienda es parte de las obligaciones irrenunciables de la agenda pública. El objetivo debe ser la prevención, desarrollando programas de acumulación de tierras para ponerlas a disposición de esa ancha franja de la población que no está en condiciones de acceder a ninguna de las ofertas existentes, con planes de pago a largo plazo.

El Estado ha quebrantado la ley durante demasiado tiempo, está en deuda. Sólo una decisión política sostenida en el tiempo, que contenga a los que no tienen posibilidades, podrá comenzar a restaurar la paz social, devolviendo la esperanza y la paciencia para aguardar las soluciones. Nuestra deuda interna es tan abultada como la que nos reclaman los acreedores internacionales, y las rupturas contractuales han sido tan graves hacia adentro, como la resuelta por el entonces presidente Rodríguez Saá en diciembre del 2001.

Por todas estas razones, la mejor manera de hacer frente al serio problema de las ocupaciones forzadas que se producen en muchas jurisdicciones municipales, no es ignorándolas o planteando medidas de ocasión, sino asumiendo que son parte de las nefastas consecuencias de un modelo social y económico que se desentendió de millones de argentinos, empezando a desandar el camino y asumiendo roles que estos tiempos han impuesto a la gestión local.

FABIÁN GUSTAVO GATTI (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Legislador, presidente bloque Frente Democrático