EL BOLSÓN (AEB).- Una nueva dilación en el tratamiento de los pedidos de juicio político impuso ayer el Deliberante al pasar a estudio una iniciativa del bloque radical y fijar para mañana a las 9 la continuidad del debate.

Fue a solicitud del concejal Miguel Gotta (PPR) quien es uno de los tres demandados, a la par del intendente Romera (UCR) y del juez de Faltas, Diego Medina.

El presidente del cuerpo, Raúl García (FpV) adhirió al pedido del edil peperreísta y retiró sus tres mociones para dar tiempo de reflexión y consulta a los concejales Paola Sanna (FpV), Jesús Güenuleo (PAYS) y el propio Gotta.

Al comienzo de la sesión especial que debía conformar las comisiones investigadoras de las supuestas irregularidades cometidas por los tres funcionarios denunciados, el bloque radical presentó un proyecto de resolución que descolocó a sus pares. Con la firma de Juan Trotta, Cecilia Gori y María de los Angeles Maggi, se proponía en lo básico conformar dos comisiones investigadoras diferentes para tratar los juicios contra el intendente y el concejal Gotta respectivamente, además de desestimar el pedido de juicio contra el Juez de Faltas, por no corresponder.

Pretendían también dar al Deliberante un plazo máximo de 365 días para reglamentar el procedimiento de juicio político, a raíz de las ambigüedades contenidas en la Carta Orgánica. Mientras ello aconteciese, proponían que todo nuevo pedido de juicio político fuera desestimado.

La lectura del proyecto inquietó al resto de los concejales que no alcanzaron a comprender exactamente qué se estaba tratando. Un primer cuarto intermedio y posteriormente un segundo, en medio de intensas consultas con operadores políticos de distintos partidos, no alcanzaron a disipar dudas.

El presidente García, que había efectuado tres mociones modificatorias de la propuesta radical, se avino al pedido de Gotta de posponer la cosa hasta el viernes y las retiró. El bloque radical se opuso a la postergación.

Con posterioridad a la trunca sesión, los radicales ingresaron por mesa de entradas una modificatoria de su proyecto. Ahora reducen a 60 días el plazo para regular el mecanismo de juicio político y que los pedidos que entren en ese lapso quedarán registrados para tratarse ni bien se apruebe el "Reglamento General de Juicio Político".