EL BOLSÓN (AEB).- Una denuncia penal en contra de funcionarios de Tierras y de cuatro pobladores más, se halla en etapa de análisis preliminar en la fiscalía de El Bolsón, según la confirmación de Francisco Arrién.

La acusación es por una presunta reventa ilegal de una fracción de 31 hectáreas que en otros tiempos pertenecieron al hoy fallecido Cipriano Soria, quien a su vez las habría transferido en 1987 a Segundo Obispo Maldonado.

El autor de la denuncia, Gerardo Esteban Barrio, domiciliado en Mallín Ahogado, refiere que en abril del 2004 adquirió, junto con su esposa Paula Virginia Moreno, las mejoras y derechos de ocupación sobre una parte del lote 82 a Laura Palacios, viuda de Segundo Obispo Maldonado. El valor de la operación habría sido de $ 70.000 aunque la superficie no consta en la denuncia, si bien el motivo del litigio es sobre 31 hectáreas y otras 14 sobre las cuales los presentantes dicen haber visto lesionados sus derechos.

Luego Barrio relata que le fue imposible obtener el certificado final de mensura de su propiedad, lo que le hubiera conferido seguridad jurídica a través de la titularización para continuar con su proyectada inversión. Atribuye en ello responsabilidad a Mirta Soria -hija de Cipriano- y a César Salinas, delegado local de Tierras.

De acuerdo a la presentación, Mirta Soria habría inducido a Salinas a actuar como cómplice en la maniobra con el fin de transferir la tierra a otros tres vecinos: Víctor Javier Avilés, Julio Sirvent y Emilio Aguilar. Ello comprometería, de hecho, la responsabilidad de Jorge Belacín, máximo titular de la Dirección General de Tierras rionegrina.

Barrio ventila otra serie de presuntas irregularidades, como por ejemplo que Laura Palacios viuda de Maldonado habría firmado una autorización de deslinde cuando estaba muerta.

Los agrimensores Guillermo Sylvester y Rubén Prieto son mencionados como los profesionales intervinientes por las partes, si bien no se les atribuye la comisión de delito. No es el caso de otros dos inspectores de Tierras, a quienes Barrio solicita investigar; son ellos Juan Velázquez y Juan Ventuala. Por ello, remata en el escrito el abogado Federico Kosovsky, patrocinante de Barrio, "deberá investigarse la participación de los funcionarios de Tierras, la que le cupo a Belacín, responsable último de los trámites y autorizaciones, quien a sabiendas de las irregularidades que fueron denunciadas por esta parte, las desoyó sistemáticamente".