El reclamo salarial de los docentes de Río Negro se presenta ante el pueblo de la provincia como un juego caprichoso donde no se expone con claridad acerca de sus causas y el camino de soluciones.
Lo cierto es que el gobierno provincial elude su compromiso de garante de las "paritarias" y despliega su estructura política para enfrentar a los docentes, poniendo en el mismo andarivel todas sus estructuras, el Ejecutivo, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Educación y el bloque oficialista legislativo, en una cruzada antidocente bajo el supuesto de protección de la matrícula escolar.
Las declaraciones en el mismo sentido emitidas por el gobernador Saiz en su discurso del 1 de marzo, calificando de rehenes a los alumnos, seguido por la voz uniforme de Sartor y María Inés García, no hacen más que circunscribir al gobierno como "parte" en el conflicto con los trabajadores de la educación. Esta situación ha sido ya contemplada por la OIT en su recomendación 151, por lo cual es imprescindible institucionalizar la instancia de mediación externa, imparcial y consensuada previamente por las partes en conflicto.
Por otro lado, es imperioso aclarar algunas cuestiones.
La facultad que la Ley Nacional de Educación confiere para establecer un sueldo "testigo" tiene por objeto establecer el piso en toda la Nación para ser efectivamente eso, una Nación que regula los mínimos en aras de avanzar hacia un sistema nacional para la educación pública.
Es cada uno de los distritos federales el que tiene bajo su administración la educación y la adecuación de las escalas salariales, en acuerdos paritarios con los gremios docentes de cada provincia. Hay provincias que ya han ofrecido por encima del piso, como las patagónicas, Santa Fe y Mendoza.
La Nación conforma, además, un fondo específico para ayudar financieramente a las provincias pobres (Programa de Compensación Salarial, ley 26.075), y Río Negro no es una de ellas. En todo caso sí lo sería de las "mal administradas", pero no se ha establecido un fondo para ese tipo. Río Negro posee producción de petróleo en crecimiento, turismo y exportación frutícola en ascenso, riqueza marítima y minera, polos de investigación y producción de alto desarrollo (Invap), para mencionar áreas de crecimiento especialmente desde la gran reactivación que se inició en el 2003 con el gobierno de Kirchner y que continúa. En todo caso, cabe la explicación, por parte del gobierno provincial, de por qué con estas condiciones de expansión la provincia está bajo Emergencia Administrativa Financiera del Estado desde hace 16 años. Evidentemente es allí donde se deben encontrar las causas, para su superación, de las condiciones que no permiten que el crecimiento se vuelque en desarrollo con inclusión social y distribución de esas riquezas.
Finalmente, Río Negro forma parte de la zona desfavorable, y por ello los sueldos de bolsillo contienen un adicional. No es lo mismo el costo de vida en Formosa o en Jujuy que en la Patagonia. El sueldo mínimo no se determina para eliminar las diferencias producidas por la carestía que se sufre en las regiones; todo lo contrario. Además, Río Negro tiene el segundo sueldo básico docente más bajo del país, con 319,18 pesos, después de Jujuy (con 312,96). En diciembre del 2007, sin mencionar los incrementos posteriores, el sueldo promedio total de la zona patagónica era de 1.836,08 pesos, lejos de los 1.290 que propone el gobierno provincial. No acercarse a esta suma implica en los hechos retroceder a un plano de desigualdad e iniquidad que invalida una solución para el acuerdo, sencillamente porque se estarían disminuyendo, en vez de aumentar, los sueldos en cuestión.
Vale la aclaración: muchos creemos que la escuela debe estar abierta, que la peor escuela es la que está cerrada. Ello amerita cumplir con las responsabilidades de garantizar las condiciones apropiadas, por parte del Estado, en cuanto a la infraestructura escolar y a los recursos humanos, que de acuerdo con cómo se jerarquizan dan a la sociedad el indicador de la importancia que el gobierno otorga a la educación. El concepto de rehenes, creo que el gobernador lo utiliza resaltando la impotencia del sector (los alumnos) para incidir en una solución que lo satisfaga, ya que no puede optar por otra educación de la que tiene. Ese concepto podría aplicarse también a la ciudadanía, que se ve igualmente impedida frente a abusos e ineficiencias diversas.
SILVIA HORNE (Especial para "Río Negro")
Legisladora provincial por el FpV.
Vicepresidenta de la Comisión de Educación