JORGE GADANO

La investigación se inició hace tres años. Hace un año y medio el fiscal Pedro Vignaroli hizo un requerimiento de instrucción, pero el juez no ha resuelto nada hasta hoy.

El fiscal Pablo Vignaroli es hoy fiscal de cámara. Cuando estalló el caso Temux, en el verano del 2005, estaba a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, o fiscalía "anticorrupción". No obstante haber sido ascendido, ejerce funciones de "supervisión" sobre la fiscalía que dejó. La semana pasada recibió a "Río Negro" y, consultado sobre el estado de la causa Temux, contestó que en agosto de 2006, al cabo de una investigación que incluyó un conjunto de medidas -entre ellas el allanamiento de la sucursal Buenos Aires del BPN- hizo un requerimiento de instrucción que el juez penal Marcelo Muñoz, un año y medio después, aún no proveyó.

Dos imputados de la sucursal Buenos Aires, suspendidos desde que se descubrió el fraude, siguen cobrando sus haberes. Según una cuenta del Banco Central, el fraude atribuido a Temux en colusión con funcionarios del BPN supera los 23 millones de

pesos.

Los funcionarios del Banco de la Provincia del Neuquén imputados por Vignaroli y con pedido de indagatoria son el ex presidente Félix Racco, los ex integrantes del directorio Carlos Alberto Sandoval, José Luis Falleti, Oscar Raúl Oliva, Rubén Andrián y Juan Pablo Bugner; el ex gerente de la sucursal Buenos Aires Carlos Rodolfo Herrera; el ex jefe de la mesa de dinero de la sucursal Buenos Aires Alberto Fernando Cáceres y el ex subgerente general de negocios Osvaldo López Rodino. También son imputados Carlos Gustavo Troiani, Héctor Della Giovanna, Mariano del Fresno, José Miguel Medina y Daniel Calabria, todos ellos vinculados a Temux y las asociadas Santa Elena Bursátil y Cooperativa de Crédito Santa Elena Limitada. Las tres, con un mismo domicilio en Maipú 255, pisos 12 y 13 de Buenos Aires, formarían un solo grupo controlado por los hermanos Juan y Jorge Terrado.

Después de detallar, en nueve fojas, la documentación analizada -en primer lugar el "acta de directorio nº 119 de fs. 4/5, en la que se toma conocimiento de la resolución número 1/2005 del director ejecutivo contador Juan Pablo Bugner, aprobando y convalidando lo actuado por él, y se

toma conocimiento del informe de auditoría interna disponiéndose continuar con las investigaciones"- el texto ingresa al capítulo de los "fundamentos".

Tres maniobras

Vignaroli advierte que de la investigación realizada surge la existencia de tres maniobras, cuyo eje es la cuenta corriente de Temux.

La primera maniobra se relaciona con el exceso en descubierto de la cuenta de Temux, registrado en diciembre de 2004, y cuyo máximo asciende a más de nueve millones de pesos.

El primer responsable de ese exceso es el gerente de la sucursal Buenos Aires, Herrera, aunque -advierte el fiscal- Racco declaró que la responsabilidad del financiamiento era suya. Esa declaración es corroborada por el mismo Herrera -quien dijo que Racco le ordenó asistir financieramente a Temux- y por la funcionaria del BPN Gabriela Naimo, quien afirma en un correo electrónico que hubo una reunión entre directivos de las empresas del grupo Temux y el presidente del BPN, Racco, el gerente general, Bugner, y el subgerente de negocios, López Rodino.

La participación del directorio del banco en el hecho se consumó en la reunión que aprueba el préstamo (a pesar de que las garantías eran insuficientes), relacionada en el acta 109. A juicio de Vignaroli, habría correspondido el cierre de la cuenta corriente, pero se la mantuvo abierta para así poder ingresar en ella el monto del alquiler de bonos Lebac, por $5.800.000, y de la participación del BPN con $5.000.000 en un fideicomiso del frigorífico CEPA, cuya producción de carnes comercializaba Temux.

El requerimiento elevado a Muñoz destaca la inconducta del director a cargo de la gerencia general, contador Bugner, quien "en exceso de sus facultades y violando las normas de aplicación, autoriza una operación de crédito con la firma Santa Elena Bursátil, de alquiler de letras Lebac con una insuficiente garantía, operación que tuvo por única finalidad otorgar financiamiento a Temux.

La segunda maniobra se inició como una operación de crédito normal, mediante la cual Temux y Cooperativa Santa Elena venden al BPN cheques de terceros.

El negocio concluyó en un fraude, cuando una de las personas que firma el acuerdo denuncia que los cheques han sido extraviados.

Finalmente, la tercera maniobra se relaciona con la liquidación de divisas provenientes de las exportaciones de carnes, concretadas entre

los días 11 y 24 de febrero de 2005.

Hubo en el caso tres tipos de conductas irregulares. Una se configuró con el anticipo otorgado por el banco, sin que se hubiera verificado el ingreso de las divisas en el banco corresponsal extranjero.

La segunda fue que las divisas no ingresaron, y la tercera se concretó en que las partidas se acreditaron en la cuenta de Temux sin que fueran acreditadas en la cuenta del banco corresponsal.

Se trató, por lo tanto, de "un crédito encubierto consistente en un adelanto, sin que que se cobraran al cliente intereses por los días de adelanto".

El fiscal destaca que los directores del banco, de la gerencia general y de la gerencia de la sucursal Buenos Aires beneficiaron a Temux mediante créditos que violaron normas del BPN y del Banco Central. Fueron cómplices activos funcionarios de las firmas involucradas, quienes contaron con la connivencia de funcionarios de la sucursal Buenos Aires.

Otra causa

Vignaroli dijo a "Río Negro" que, a su juicio, las denuncias que hizo públicas el diputado justicialista Ariel Kogan no ofrecen evidencias de ilícitos vinculados con el fraude de Temux.

Cree el fiscal, no obstante, que los hechos detallados -pagos de Damovo, una de las empresas contratadas para el plan de seguridad neuquino, en febrero de 2005, a presuntas subcontratistas que endosaron los respectivos cheques a Temux- deben ser investigados.

Corren versiones, sin confirmar, de que mediante tales cheques se habrían pagado retornos del contrato de Damovo, que fue realizado sin licitación pública y por un monto que se llevó la mayor parte de los 50 millones de dólares invertidos en el plan de seguridad.