FERNANDO BRAVO

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¿En qué estaban pensando los convencionales, cuando sancionaron el artículo 62 de la Carta Orgánica Municipal de San Martín de los Andes...? Ah... esos ilusos de la política.

El artículo 62 dice: "todo funcionario o empleado está obligado a resarcir patrimonialmente en forma personal a la comuna o a terceros, daños y perjuicios emergentes de sus actos...".

No hay registros de que se haya aplicado esa normativa, a pesar de varios desaguisados en "veremos", a contar de los casi 19 años de la sanción de la Carta Orgánica.

En el Deliberante, Luz Sapag acaba de llamar a poner prolijidad en la cosa pública, pues lo contrario cuesta plata en juicios al erario. Vaya si tiene razón, aunque esa afirmación habría que hacerla también cuando termina cada mandato, y no sólo al comienzo.

Por lo pronto, la intendenta tiene entre manos un problema de la misma índole que aspira a combatir. En el 2000 se lanzó una obra de pavimento a pagar por los frentistas de El Arenal, que el municipio hizo por contribución de mejoras. Nunca cobró.

Pasaron dos gobiernos -el encabezado por Sergio Schroh, que hizo la obra, y el de Jorge Carro- y nunca se vio un peso, no porque los vecinos se hayan negado a pagar, sino porque nunca se hizo acto administrativo o jurídico alguno para recuperar la acreencia. Nunca se urgió seriamente a la provincia para que apurara la redeterminación de costos, como contraparte de un emprendimiento con asistencia del Banco Mundial, iniciado con un tipo de cambio y terminado con otro. Un asunto más en el que el gobierno provincial de Sobisch hizo la plancha.

Como fuere, será la actual gestión municipal la que deba poner el asunto en orden (ya se hizo la redeterminación con la provincia), mientras crecen los rumores de judicialización.

Está claro que la comuna no es responsable de la debacle delarruísta y del giro de timón cambiario, pero luego trascurrieron años sin mover expedientes. Y así como es necesario entender que la obra debe pagarse por criterio solidario, también es imperioso comprender que existe la continuidad jurídica de los actos de gobierno (o de la falta de ellos). No fueron los vecinos los que evitaron el pago.

Ahora, aquellos que en su momento debieron pagar unos 1.600 pesos, tienen con el estado una deuda promedio de 4.500 pesos, que llega a 20.000 en algunos casos. Es de sospechar que las cifras no incluyen la actualización real del costo del cemento, con lo que la comuna siempre terminaría por perder plata.

Otros interpretan que la deuda tiene más de cinco años sin intimaciones y, en tanto tributo, ha prescripto. Eso haría perder al municipio cerca de un millón de pesos.

Pero es difícil creer que prime ese criterio, porque más allá de los tecnicismos del derecho administrativo y/o tributario, se quebraría el elemental sentido de solidaridad, que hace que con el recupero de una obra se hagan otras. En fin.

Sólo algo parece seguro y es que, cualquiera fuere el resultado, a ningún funcionario pasado se le pedirán cuentas.

La culpa es de los convencionales...