NEUQUÉN (AN).- En la Constitución provincial quedó establecido que tendría la función de defender y proteger "los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses" tutelados por la ley fundamental. Recién dos años más tarde, a pesar de que hubo proyectos previos que intentaron reglamentar su funcionamiento y creación, se avizora la posibilidad de que en el corto plazo los habitantes de Neuquén cuenten con una Defensoría del Pueblo provincial.
La semana pasada, el legislador de la Concertación Marcelo Inaudi presentó una iniciativa de ley para responder al mandato constitucional y crear el defensor provincial. Se trata de una propuesta con personalidad propia, pero que retoma los planteos que en la anterior gestión legislativa no contaron con el apoyo de la mayoría oficialista, que durante el último año evitó sesionar con regularidad: durante la primera mitad del año, para esquivar conflictos después del asesinato del docente Carlos Fuentealba; después, porque se buscó pasar lo que quedaba de gestión sin sobresaltos.
Lo cierto es que a pesar de haberse presentado seis iniciativas relacionadas con el "ombudsman" de la provincia desde el 2002, recién en la actual gestión parece que habrá acuerdo para poner en marcha el organismo y así liberar la ajustada agenda de la Defensoría de la ciudad de Neuquén, que muchas veces recibe reclamos provinciales.
En los próximos días, dentro del paquete de 36 proyectos de ley que enviará el Ejecutivo provincial, llegará a la Legislatura la propuesta del gobierno de Jorge Sapag. Será trabajo de las comisiones unificar criterios para que se sancione una ley que contemple todos los proyectos que no hayan sido pasados al archivo.
El proyecto de Inaudi establece las normas para la designación del defensor, sus competencias, el funcionamiento del organismo y la eventual destitución. Como primera medida, plantea la creación de una comisión de siete diputados provinciales para la selección de los postulantes al cargo. Propone el voto de los tres quintos de la Cámara (18 diputados) para
la elección del defensor provincial, que durará en sus funciones cinco años.
Respecto de las competencias y atribuciones, tendrá a su cargo la defensa y protección de todos los derechos, garantías e intereses constitucionales; actuará sobre "actos u omisiones de la administración" y tendrá a su cargo el control del ejercicio de "toda función administrativa pública", es decir, actuará como un contralor del Estado y todas sus dependencias, tal como lo establece el artículo 13 de la ley.
Para poder cumplir con sus funciones, tendrá la facultad de requerir informes, documentos o antecedentes y "cualquier elemento que estime útil a los efectos de la investigación, aún los clasificados o secretos". En este contexto, "todos los poderes públicos estarán obligados a prestar colaboración".
Si bien las capacidades investigativas del defensor provincial, de aprobarse la ley, serían amplias, no lo son de igual manera sus resoluciones. El artículo 31 define que "el defensor podrá formular advertencias, recomendaciones, recordatorias de sus deberes legales y funcionales y sugerencias de adopción de nuevas medias", y si bien se proponen tres instancias progresivas de actuación, quedará a cargo de autoridades superiores una sanción o definición acerca del tema. Hasta la presentación del proyecto del diputado radical, desde el 2002 hasta la semana pasada hubo iniciativas de bloques legislativos (la Alianza, ARI-PI, Libres del Sur y Recrear) y hasta de particulares, pero los proyectos nunca fueron debatidos.
