ROCA (AR).- Dos años después de la denuncia, el juez Pablo Iribarren ordenó el sobreseimiento del ex presidente del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, Néstor Costanzo, quien había sido acusado por una empleada de esa institución de haber pagado coimas a una funcionaria de Salud. La medida, que también fue avalada por el Ministerio Fiscal, también alcanzó a Patricia Morales, quien supuestamente era la beneficiada de percibir mensualmente un monto fijo que llegaba a los 700 pesos.

El titular del Juzgado de Instrucción 12 dio por acreditado que efectivamente Costanzo abonaba un monto a Morales, quien se desempeñaba como Jefa de Farmacia del Ministerio de Salud Pública de la provincia, pero que nada tenía que ver con un supuesto pago de una coima.

Según la resolución conocida en las últimas horas y que todavía no está firme, el pago de esa cifra tenía su origen en las tareas de asesoramiento que la mujer prestaba al Colegio de Farmacéuticos y que están "debidamente" asentadas en los libros contables de la institución.

El farmacéutico había sido denunciado en el 2006 por la empleada Graciela Viñambres, quien le había imputado una serie de hechos que ocurrieron en el Colegio de Farmacéuticos, y que justamente tenían a Costanzo como protagonista.

En una de esas denuncias la trabajadora había manifestado que el ex presidente de la institución le pagaba mensualmente a la funcionaria provincial una suma de dinero que rondaba los 700 pesos, a cambio de que la mujer lo alertara cada vez que la Administración Nacional de Medicamentos estuviera a punto de efectuar inspecciones en las farmacias de la provincia.

Luego de tomar declaración al propio Costanzo y a dirigentes y empleados del propio Colegio, Iribarren llegó a la conclusión que el dinero que se abonaba estaba destinado a un asesoramiento por parte de la empleada pública, que estaba destinado a combatir, eliminar o morigerar la venta de medicamentos en lugares no autorizados.

Es más, también estaría acreditado que Morales realizó en varias oportunidades inspecciones junto a representantes del Colegio de Farmacéuticos quienes tienen el poder de policía para llevar adelante estas inspecciones.

"No surge de la prueba que dichos fondos estuvieran destinados a que la misma realizara u omitiera algún acto relativo a sus funciones, requisito indispensable para que se den los tipos penales de cohecho activo o pasivo" indica el escrito de juez Iribarren, firmado el miércoles pasado.