Los comicios se desarrollarán en un clima enrarecido, marcado por el atentado del grupo armado vasco ETA que ayer costó la vida al ex concejal socialista Isaías Carrasco en la localidad de Arrasate, y con la incógnita de si ese asesinato influirá en el resultado electoral. La cita en las urnas tiene lugar en medio de grandes medidas de seguridad, debido al temor de más atentados de ETA, organización que llamó a boicotear las elecciones y que durante la campaña ya había colocado dos bombas que, sin embargo, sólo causaron daños materiales.

Las fuerzas de seguridad españolas están también en máxima alerta de cara al terrorismo islámico, que tres días antes de las anteriores elecciones, el 14 de marzo de 2004, causó una matanza en Madrid con 191 muertos y más de 1.800 heridos, un atentado en cuya estela los socialistas ganaron sorpresivamente aquellos comicios.

Pese a que Zapatero ganó los dos debates televisados que lo enfrentaron a Rajoy, su rival del Partido Popular (PP), las encuestas dan sólo una leve ventaja al Partido Socialista (PSOE) del actual presidente del gobierno español. Según el último sondeo conocido de cara a las legislativas, la distancia que separa a los socialistas de Zapatero del PP de Rajoy pasó en una semana de 5,5 a sólo 2,5 puntos, ya que la estimación de voto para el PSOE descendió al 41,5 por ciento, mientras que la del PP subió hasta el 39 por ciento.

De confirmarse en las urnas esta escasa diferencia, la consecuencia sería un empate en número de escaños entre los dos principales partidos, ya que ambos tendrían las mismas posibilidades de obtener entre 156 y 160 diputados en el Congreso, lo que demuestra además la tendencia hacia el bipartidismo en España. Actualmente, el PSOE tiene 164 diputados y el PP 148. La mayoría absoluta está en 176 escaños.

Así las cosas, el rival a batir por Zapatero no es sólo Rajoy, sino también la abstención. Mientras que el PP cuenta con un electorado muy fiel, sin otros partidos conservadores que le hagan competencia, los socialistas suelen correr el riesgo de que sus simpatizantes no acuden a votar o se decanten por Izquierda Unida (IU). Los datos estadísticos indican que si IU logra más del cuatro por ciento de los sufragios y la participación se sitúa por debajo del 71 por ciento, el PSOE corre el riesgo de ser derrotado en las urnas.

La campaña electoral, muy tensa, se centró sobre todo en tres temas: lucha contra el terrorismo, economía e inmigración. Rajoy acusó al Ejecutivo de Zapatero de haber fortalecido a ETA con el -finalmente fallido- proceso de negociación y de haber mentido a los españoles al admitir que hubo contactos de mediadores internacionales con el grupo armado vasco incluso después del atentado contra el aeropuerto de Madrid que costó la vida a dos ecuatorianos el 30 de diciembre de 2006. Después del atentado de Arrasate, Rajoy reiteró que el grupo armado debe perder "toda esperanza de conseguir sus objetivos políticos".

 Zapatero, quien desde el fracasado proceso de paz reitera que no hay expectativas de un nuevo diálogo con ETA, defendió su iniciativa argumentando que su obligación como mandatario español era buscar la paz y el final de la violencia. "Sabemos, y lo sabemos con seguridad, que ETA está vencida por la democracia, repudiada y aislada por el conjunto de los españoles y por la sociedad vasca. Por eso, no tiene otro destino que su desaparición, y sus miembros no tienen otro futuro que la cárcel", dijo Zapatero tras el asesinato de Carrasco.

El otro gran tema de enfrentamiento fue la economía. Si bien ésta lleva desde hace años creciendo en España por encima de la media europea, la desaceleración mundial, unida a la crisis inmobiliaria que vive el propio país, se está notando. Si España tuvo en 2007 un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,8 por ciento, este año se estima que el crecimiento estará en torno al tres por ciento. Además, el desempleo alcanzó en febrero su nivel más alto en diez años, con 2,3 millones de personas sin trabajo, lo que equivale a una tasa en rorno al 8,6 por ciento. A esto se une una inflación del 4,4 por ciento, la más elevada en 13 años.

El que la inmigración se convirtiera en debate electoral se debe al PP, al anunciar que si gana las elecciones obligará a los extranjeros a firmar un "contrato de integración" en el que éstos se comprometan a respetar las costumbres españolas, pagar impuestos, atenerse a las leyes o abandonar el país si durante un tiempo están sin empleo. La iniciativa fue duramente cuestionada por los socialistas y asociaciones de inmigrantes, que acusaron al PP de criminalizar a los extranjeros y de buscar el voto con propuestas xenófobas propias de la ultraderecha.

 dpa