VILLA LA ANGOSTURA (AVLA) - El Concejo Deliberante emitió un comunicado a la Legislatura y al gobernador Jorge Sapag para que se trate de manera urgente el proyecto de ley para incorporar las 270 hectáreas de las Pistas Provinciales al ejido urbano de Villa La Angostura. Piden que se suspenda el tratamiento del proyecto para la adjudicación de las tierras, presentado por el gobierno anterior, y que se les dé participación en la evaluación del proyecto.

La comunicación fue aprobada el miércoles pasado por unanimidad, con los votos del partido vecinal, el PJ y el bloque del MPN. El miércoles 19 de marzo, los concejales y el intendente Ricardo Alonso viajarán a Neuquén para tratar el tema con la comisión que se encuentra evaluando la propuesta.

El año pasado, antes del cambio de gobierno, el ex intendente Hugo Panessi había presentado el proyecto de ley de municipalización de las Pistas Provinciales -hoy, propiedad del gobierno- en la Legislatura neuquina. Paralelamente, el entonces gobernador Jorge Sobisch presentó otro proyecto de ley dando curso a la preadjudicación de la licitación del centro de esquí y la cesión de 100 hectáreas de tierra pública a favor de la empresa Cerro Bayo UTE. En ese mismo proyecto, que contempla varios puntos y que presenta importantes contradicciones, se detalla también el traspaso de las tierras al Ejido Municipal.

No obstante, en el proyecto presentado por Sobisch la municipalización de las pistas incluiría sí o sí la aprobación de la licitación y cesión de las tierras. A fin de mes la Legislatura trataría este proyecto.

Los concejales quieren que se municipalicen las tierras antes de que se trate el proyecto de licitación.

La comuna busca tener ingerencia real en toda construcción que se realice en esas tierras, aledañas al centro de esquí Cerro Bayo. La empresa propone construir allí unos 125.000 metros, mientras que de obrar una legislación local, sólo podrían construir 6.000. Sin embargo, tanto para la ong Alerta Angostura como para algunos ediles, el eje de la discusión no radica sólo en el impacto ambiental de una construcción de esa envergadura en plena montaña, sino en el hecho de que se entreguen 100 hectáreas de tierra pública a una empresa privada, sumado esto a la explotación de un centro de esquí por 35 años.