Ahora se sabe bien: durante los últimos meses del 2007, mientras el 'señor gobernador' se dedicaba a pleno a su campaña presidencial, presentándose como el administrador eficiente de una provincia "ordenada", congeló el pago a proveedores y contratistas, y acumuló una deuda flotante de 538 millones de pesos. Entre otras delicias, en los cuatro años de su última gestión aumentó la planta de personal en más de 13.000 personas y alimentó una deuda pública desproporcionada, que hoy trepa a más de 2.490 millones de pesos. En esos años, la hacienda pública fue menos que un boliche: cualquier bolichero sabe al menos cuánto entra y cuánto sale, pero en el Estado neuquino había áreas enteras de la administración que no llevaban ninguna contabilidad.

Este patético cuadro de situación no es producto de la imaginación de nadie, lo acaba de trazar el gobernador Jorge Sapag, responsable de llevar las riendas del Estado, en su discurso de apertura del primer período ordinario de sesiones de la Legislatura de su mandato.

Claro que en su intervención Sapag fue más fiel que nunca a su estilo mesurado, acaso excesivamente diplomático. Inventarió las calamidades sin poner adjetivos y, una vez más, sin mencionar a sus responsables. Ni siquiera, cuando aludió a la airada reacción de su antecesor en el sentido de que su administración no era "un boliche". Ayer, Sapag dejó en claro números en mano que la gestión Sobisch fue mucho menos que eso, pero sin decirlo y poniendo a salvo de paso, con fina ironía, su "absoluto respeto" por los boliches.

El gobernador llegó a la Cámara con una treintena de proyectos de ley bajo el brazo, algunos de ellos importantes, como el que prevé la emisión de bonos de cancelación de deudas por 150 millones de pesos para pagar los platos rotos. El que redirecciona para mejor provecho los fondos del inservible ferrocarril Trasandino y los dos acueductos financiados con los bonos. O el que prevé una regularización tributaria para las grandes propiedades que sólo pagan monedas.

Hizo también anuncios importantes, como la construcción de la presa de Chihuido I y el traspaso de Cerámica Zanon a sus obreros. Apreciaciones de sentido común, como la necesidad de revertir el aislamiento de la provincia respecto de la Nación, y promesas valorables como la de no volver a utilizar la pauta publicitaria del Estado como premio o castigo.

Se concrete o no este listado de buenas intenciones, el discurso de Sapag fue una contribución a su necesidad de forjarse una imagen de administrador preocupado por la gestión. De hombre equilibrado, y gobernante dotado de tolerancia y amplitud para manejar la cosa pública. Aspectos que, una vez más, buscan realzar las diferencias con el estilo hueco y atropellador de quien lo precedió.

Pero el discurso fue también importante por todo lo que no dijo y podría haber dicho el gobernador. Para empezar, amparándose una vez más en su predicado respeto por la independencia de poderes, evitó pronunciarse sobre el creciente clamor que reclama juicio político a los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Junto con ello, evitó alimentar las sospechas fundadas de que detrás de tanto desgobierno imperó una desenfrenada corrupción. Nada dijo, tampoco, más allá de describir el crítico panorama financiero, sobre de las legítimas aspiraciones de los estatales a una recomposición salarial.

Con todo, y contra lo que piensan muchos observadores en el sentido de que el gobierno intenta consagrar la impunidad, en el más alto nivel oficial y en el bloque del oficialismo en la Legislatura dejaron trascender que existe decisión tomada respecto de avanzar con el juicio político, al menos a tres de los cuestionados miembros del máximo tribunal.

No menos trascendente es la versión, surgida del mismo nivel, que da cuenta de que la administración guarda 'in péctore' la decisión de modificar el Consejo de la Magistratura. Una institución introducida para contribuir a transparentar los mecanismos de elección de los jueces, que contribuye en los hechos a consolidar la discrecionalidad oficial.

Es que, además de los pronunciamientos del gobernador en favor del pluralismo y el respeto "por los que piensan diferente", los hechos ocurridos en la semana confirman la tendencia a un cambio radical en las relaciones con los gremios, la oposición, las organizaciones sociales y la prensa. Fruto de esta distensión es el hecho de que, por primera vez en varios años, el inicio de clases se verificará en término y lejos de las tormentas gremiales que sacudieron la última gestión.

Es un dato de la realidad que el gobierno ha logrado desmontar en buena medida el clima de confrontación existente entre los sindicatos estatales y las estructuras del gobierno, de manera tal que el conflicto de intereses subsiste, como no podría ser de otra forma, pero llega a la mesa de negociaciones en un inédito clima de respeto. No es poco decir en una provincia que vivió los últimos ocho años sobresaltada, en medio de graves conflictos y enfrentamientos callejeros, en buena medida atizados por la hostilidad de las autoridades hacia las organizaciones sindicales y sociales.

En el caso de los docentes, las autoridades comenzaron esta semana a remover los obstáculos que impedían una relación más fluida, para empezar derogaron la polémica resolución 163, que obligaba a los directores de escuelas a delatar a los docentes en huelga, y para seguir allanándose a otorgar el aumento comprometido por la anterior administración.

Resta, es cierto, que a mediados de semana las autoridades encuentren una solución al retroactivo acumulado desde el año pasado. Tanto como ir resolviendo otros conflictos latentes con los estatales, para acometer luego el problema de la recomposición salarial, indispensable para devolver el poder adquisitivo menguado por la inflación.

En contraste con esta primavera democrática, el bloque del MPN en la Legislatura impidió, por segunda vez en este mandato, que la oposición tuviera una representación formal entre las autoridades de la Cámara al negar a la Concertación, principal fuerza opositora, la vicepresidencia segunda del cuerpo. Una vez más la mentada "gobernabilidad", o sea el celo del partido provincial por mantener los resortes que le aseguran su hegemonía, se impuso sobre la naciente y aún rudimentaria voluntad de afianzar el pluralismo que reclama la sociedad.

HÉCTOR MAURIÑO

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