El gobierno colombiano reiteró ante el Consejo Permanente de la OEA que hay vínculos de Ecuador y Venezuela con la guerrilla de las FARC, e insistió en que denunciará al presidente venezolano, Hugo Chávez, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por financiar a la organización irregular.

Más temprano, el presidente colombiano colombiano había anunciado la medida. "Nuestro embajador en Naciones Unidas anunciará que Colombia se propone denunciar a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, en la Corte Penal Internacional, por patrocinio y financiación de genocidas" indicó el presidente Álvaro Uribe, en un nuevo paso de la escalada de choques con sus vecinos.

Colombia insistió en la sesión de la OEA ayer en que los documentos incautados a las FARC demuestran que el gobierno venezolano aportó 300 millones de dólares a la organización. Además, los representantes colombianos aseguraron que otros datos demuestran "la entrega de armamento y dinero por parte del presidente Hugo Chávez a las FARC".

El embajador colombiano ante la organización en Washington, Camilo Ospina, justificó la incursión en territorio ecuatoriano por la que el sábado pasado el ejército y la policía colombianos atacaron un campamento de las FARC y provocaron la muerte de 21 guerrilleros, entre ellos el segundo de la organización, "Raúl Reyes". Respecto a los hechos, Colombia reconoció la incursión de personal a pie y de helicópteros, pero negó que aviones de combate hubieran invadido el espacio aéreo de Ecuador porque el radar militar ecuatoriano de Lagro Agrio, "muy cerca del lugar de los hechos, lo hubiese detectado". Ospina dijo que la información de los cuatro ordenadores incautados a "Raúl Reyes", afecta a la seguridad de la región "y hace imperativas las explicaciones por parte de las autoridades ecuatorianas y venezolanas sobre sus vínculos con las FARC". Ospina denunció la presencia de campamentos permanentes de las FARC en territorio de Ecuador y el tránsito de secuestrados por suelo ecuatoriano y venezolano.

También acusó a los gobiernos de Ecuador y Venezuela de proteger el tráfico ilícito de drogas y de armas por las FARC, y de adoctrinar ideológicamente a la población de la frontera.