VIEDMA (AV).- Un jefe policial con condena en suspenso e imposibilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos fue habilitado por el gobierno para acceder a los beneficios jubilatorios.
Se trata del comisario Marcelo Gómez, quien por el delito de "peculado" fue condenado en mayo del 2006 a tres años de prisión en suspenso más la inhabilitación perpetua para cumplir funciones públicas. A pesar de ello la Jefatura habría continuado con el pago de sueldos sin aplicarle sanción alguna y le permitió el inicio de los trámites para acceder a la jubilación.
El mes pasado un decreto que lleva la firma del gobernador, Miguel Saiz, y del ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, lo habilitó para acceder a los beneficios jubilatorios cuando, en realidad debió ser exonerado de la fuerza, condición que le impide acceder a una jubilación.
En estas circunstancias la ley rionegrina contempla la posibilidad que, en caso que el policía haya cumplido con los años de servicios necesarios y sea exonerado, su familia acceda a una pensión.
El decreto además limita a Gómez en los servicios a partir del 1 de enero de este año pero en ningún momento deja de ser policía, quebrantando la condena.
Informado a través de la prensa- sobre la situación judicial de Gómez, el ministro Rodríguez promovió ayer un sumario interno para determinar porqué razón no figuró en los considerandos del decreto esta condición penal de Gómez.
La mirada está dirigida al área de Personal de la Jefatura y la Junta de Disciplina de la Institución. El ministro se limitó a señalar que una vez que cuente con esa respuesta evaluará si formula o no una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Según pudo establecer este diario la sentencia contra Gómez quedó firme en setiembre del año pasado y ese mismo mes se inició el expediente para los trámites jubilatorios, cuando en realidad, correspondía la exoneración por la condena aplicada.
A pesar de la notificación de la confirmación de la sentencia dictada no sólo al imputado sino a la Jefatura de la Policía, a la Regional de la que dependía Gómez y a la Fiscalía de Estado como representante de la provincia, el comisario no sólo habría seguido cobrando el sueldo en su totalidad sino que se le permitió iniciar el trámite para acceder a la jubilación.
Este accionar podría complicar la situación judicial del jefe policial si se tiene en cuenta que habría mantenido una actitud engañosa no sólo hacia el Estado provincial sino también federal al iniciar las gestiones respectivas ante el Anses.
