VIEDMA (AV).- El médico y ex intendente de El Bolsón, Sergio Wisky será segundo del Ipross. Esta designación coincide con la formalización de un aporte especial para la obra social por parte del Estado por 22 millones para el 2008 y, además, con las críticas de la Defensoría del Pueblo sobre el funcionamiento del instituto provincial.
En las últimas horas, fuentes gubernamentales confirmaron que Wisky -actual director del hospital de Cipolletti- asumirá la secretaría general técnica del Ipross, un virtual segundo del interventor Alcides Pinazo. Ese cargo lo ocupaba Remigio Romera, quien se constituyó como vocal gubernamental con el arribo del ex legislador justicialista.
Pinazo propuso a un profesional roquense (ver más información en página 12) pero el gobernador Miguel Saiz asignó ese cargo para Wisky, de quien el año pasado se llegó a especular que podría constituirse como ministro de Salud.
Asimismo, el decreto N° 152 autorizó una transferencia no reintegrable de 22 millones de pesos para el Ipross, previéndose los aportes según el requerimiento del instituto y "la planificación de caja establecida por Hacienda". Se estiman aportes mensuales de 1,8 a 2 millones mensuales. Esos envíos se corresponden con el desfasaje que mantiene la obra social entre los ingresos por aportes y las erogaciones por prestaciones.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini fue muy crítica en relación al funcionamiento del Ipross en su informe in voce en la Legislatura.
En cambio, el sábado, en su mensaje legislativo, el gobernador Saiz no hizo referencia al presente y futuro de la obra social. No habría existido pedido de información al instituto, según confiaron fuentes gubernamentales.
En sus conclusiones, Piccinini denunció la "falta de equipamiento informático y de conexión en red entre delegaciones y la central", permitiendo así el retiro de cinco carnets "de afiliado al mismo nombre, en cinco días hábiles y consecutivos, sin que se le requiriera su identificación".
Por otra parte, la defensora reiteró que mantendrá la "estrategia de inspección como de punto fijo" y se continuará "aplicándola para constatar asimismo, otra irregularidad, que es el cobro de plus sobre el precio del bono de consulta" de la obra social provincial.
Mientras tanto, las delegaciones evidencian "notoria la falta de personal", con "pedidos de mayor dotación de recurso humano de muy vieja data que no han sido satisfechos por la administración central".
También consignó que "hay personal prestando servicios en forma irregular a la espera del prometido nombramiento que no llega", por ejemplo de Villa Regina. Otro importante cuestionamiento expresó para la "muy pobre, insuficiente y mal mantenida" infraestructura, como también para la demora en los reintegros.
