NEUQUÉN (AN).- El gobierno provincial recibirá esta semana las llaves de la costosa cárcel de Senillosa y, al igual que la anterior gestión, volverá a la carga para intentar que Nación le devuelva una parte de lo que invirtió en el proyecto. También pedirá que se concrete el postergado traslado de la prisión federal U-9 a ese edificio.
"El gobernador envió una nota al gobierno nacional para reclamar el pago de los 9,3 millones de pesos que Nación se comprometió a aportar cuando se firmó el convenio, y esta semana yo voy a seguir con esas gestiones", afirmó a "Río Negro" el ministro de Seguridad, Justicia y Trabajo, César Pérez. "En caso de que no se efectúe el traslado, el dinero lo tendrá que pagar igual. A lo sumo se revisarán las condiciones", agregó.
Esta semana, una comisión de recepción provisoria integrada por doce miembros recibirá las llaves del edificio y comenzará la revisión para verificar que todo esté en condiciones. A la comisión la integran funcionarios de Obras Públicas, del ministerio de Seguridad, de la Policía y de la subsecretaría de Seguridad. Durante un plazo de 45 días, revisarán diversos aspectos de la obra: el funcionamiento del sistema de seguridad, el abastecimiento de energía y la construcción, entre otros.
"Una vez que se termine con esta tarea, se hará la recepción definitiva de la obra y empezará a correr el plazo de garantía", indicó el ministro. Con respecto a la mudanza de la U-9, sostuvo que "le hemos pedido a Nación que en el corto plazo defina qué va a hacer". Y adelantó que de mantenerse la negativa a mudarse de los últimos años, "empezaremos con un traslado progresivo de los detenidos (provinciales), porque es una obra que ya está y debemos darle utilidad".
Incluso adelantó que se hará un llamado a inscripción para capacitar guardiacárceles para cubrir la demanda de la nueva cárcel. Hasta que sean capacitados, se harán traslados desde otras prisiones.
La cárcel de Senillosa costó 70 millones de pesos y, el anterior gobernador Jorge Sobisch, decidió construirla a pesar de que Nación dio señales de que no le interesaba el emprendimiento.
A fines del año pasado, desde el Servicio Penitenciario Federal rechazaron públicamente la mudanza. Entre otros argumentos manifestaron que sería "muy difícil" convivir con el servicio Penitencia Provincial, ya que ambas fuerzas tiene reglamentos e idiosincrasia distintas.
"Acá debe haber una decisión política de Nación. Después veremos la forma de convivencia", puntualizó el ministro.
Las gestiones de los funcionarios provinciales se están realizando en un escenario antagónico al existente hasta diciembre pasado cuando asumió Jorge Sapag: ahora la provincia intenta restablecer las relaciones con Nación.
