EL BOLSÓN (AEB)- El período ordinario de sesiones del Deliberante comenzará hoy en medio de una innegable crisis institucional a raíz del pedido de juicio político al intendente. A partir de las 9, Oscar Romera (UCR), dará su discurso inicial ante los siete concejales que se hallan enfrentados por la constitución de la comisión que tiene que investigar las denuncias efectuadas contra el jefe comunal por el ciudadano Julio Muslera.
Las responsabilidades políticas por lo ocurrido en los disturbios de la plaza Pagano del 2 de febrero pasado están en el ojo de la tormenta, si bien Muslera suma en sus cargos otras cinco imputaciones por distintos asuntos. Además solicitó el jueves una ampliación del juicio, esta vez contra el juez de Faltas, Diego Medina, por los mencionados incidentes y por un tema de estacionamiento.
El viernes, en reunión interna del Concejo, los cuatro concejales no radicales hicieron prevalecer su postura acerca de que el juez de Faltas no puede integrar la comisión de juicio político. Ello porque fue recusado por Muslera en el escrito inicial; porque luego ingresó un pedido de juicio contra el propio funcionario y porque el juez fue nombrado como interino por Romera en 2005. A esta posición adhirieron Raúl García y Paola Sanna (ambos FpV), Jesús Güenuleo (PAYS) y Miguel Gotta (Partido Provincial Rionegrino), quien sin embargo al ser elegido, el año pasado, llevaba en el tope de su boleta a Oscar Romera como candidato a intendente.
No se sabe en realidad qué sucederá hoy en el exiguo recinto del Concejo. El intendente debe dar cuenta del presupuesto ejecutado 2007, sus planes de gobierno y obras para el presente período. El Deliberante, en tanto, no ha planteado debate aún sobre los proyectos de ordenanza de Presupuesto 2008 ni otra que prevé aumento de tasas a los vecinos para ayudar a la delicada situación financiera municipal.
Los cortocircuitos originados el viernes llevaron a los ediles Gotta, Sanna y Güenuleo a efectuar una exposición policial donde acusan a Cecilia Gori (UCR) de haberlos amenazado con que se vendría una catarata de juicios políticos u "otras cosas" contra los concejales.
Si persiste la alineación de cuatro concejales -entre ellos el presidente Raúl García- contra los tres radicales, será difícil para Romera revertir un proceso y fallo adversos a su accionar el 2 de febrero.
Hace casi diez años, el 8 de setiembre de 1998, otro intendente -de signo justicialista- fue destituido por un juicio político. José Alberto Dirázar, de él se trata, señaló en esa oportunidad: "Me traicionaron políticamente".
El fallo que destituyó a Dirázar fue firmado por los vecinos José Beascoechea (MPP), Gabriela Magnaterra (Frepaso), Wálter Forestier (UCR), Roque Riza (PPR) y los concejales Américo Paredes (PJ), Ricardo Guerrero (MPP) y Raúl Prytula (Frepaso).
Américo Paredes ocupó el sillón comunal, en reemplazo de César Barbeito (actual ministro de Educación), quien durante la suspensión de Dirázar por el proceso, había asumido el Ejecutivo provisionalmente.
