BUENOS AIRES (AFP) - Dos organismos de derechos humanos de Argentina expresaron este sábado su satisfacción por la decisión de la justicia española de extraditar al país sudamericano al ex represor Ricardo Cavallo, para ser juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura (1976-1983).

En forma coincidente, las Abuelas de Plaza de Mayo, dedicada a buscar hijos de desaparecidos entregados en adopciones ilegales, y la agrupación Hijos, formada por descendientes de desaparecidos, aprobaron la decisión española y pidieron que el acusado no tenga privilegios en su lugar de detención. Ambas organizaciones pidieron también, en declaraciones a los medios locales, una protección adecuada para el detenido para prevenir que se intente eliminarlo para silenciar lo que eventualmente pueda declarar sobre la desaparición de personas y el robo de bebés. "Es importante que se lo juzgue en el país para que la sociedad argentina comprenda que es nuestro Estado el encargado de juzgar los delitos de lesa humanidad", dijo Martín Fresneda, de Hijos.

En tanto, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, conjeturó que "Cavallo pidió volver al país, pensando que iba a gozar de los privilegios de los que gozaron y gozan otros, de estar en cárceles atendidos por sus camaradas; espero que vaya a parar a una cárcel común". No obstante, la dirigente sugirió que "habrá que cuidarlo porque si llegara a quebrarse, a querer hablar, podría pasarle lo mismo que a Héctor Febres".

El prefecto Febres apareció muerto el 10 de diciembre último en su lugar de detención pocos días antes de recibir sentencia en el juicio que se le seguía por haber decidido sobre el destino de recién nacidos en el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). También Cavallo actuó en la ESMA, por donde pasaron unos 5.000 prisioneros de los cuales apenas sobrevivió un centenar, algunos de los cuales fueron testigos del nacimiento en el lugar de decenas de niños, cuyo destino se ignora en la mayoría de los casos.