VIEDMA (AV).- Un crítico informe de la Defensoría del Pueblo concluyó ayer en escándalo, que incluyó el retiro de Ana Piccinini del recinto de la Legislatura.

Durante casi tres horas, la defensora cumplió un exhaustivo relevamiento de las acciones en el 2007, destacando serias falencias en hospitales, policía, obra social, medio ambiente, escuelas, y otros servicios públicos en Río Negro.

Un cruce con el oficialismo derivó en el abandono de Piccinini de la sesión legislativa. Su exposición -acompañada con la proyección de un centenar de diapositivas- fue contundente sobre las falencias de las prestaciones de organismos provinciales y también algunas nacionales.

La mayor tensión se abrió con las repreguntas de Adriana Gutiérrez e Iván Lazzeri, hoy legisladores pero ministros de Salud y Gobierno en el período de revisión del órgano de control. Ambas áreas fueron seriamente cuestionadas por Piccinini. Habló de hospitales "deplorables" y ratificó que seguirá "combatiendo la violencia policial", pues internamente "nunca se sanciona al responsable" ya que hay "protección dentro de la Policía".

Al final, un planteo de Lazzeri derivó en una respuesta efusiva de Piccinini y su retiro, con aplausos de la oposición. El oficialismo intentó desautorizar su informe, planteando que "la sobreactuación" de la defensora era la puesta en marcha "de su campaña política", según el flamante presidente del bloque de la Concertación, Daniel Sartor.

En el inicio, Piccinini destacó que las delegaciones del Ipross evidencian una "notoria falta de personal", la estructura edilicia es "muy pobre, insuficiente, mal mantenida" pero "el problema más acuciante" son los reintegros por "la demora excesiva".

Un análisis especial perteneció a los hospitales, destacando graves problemas de mantenimiento e "insuficiente dotación de personal". Alertó por vehículos viejos e "inadecuados" y detectó a "muchos hospitales con aparatología ya obsoleta".

Efectuó un crítico repaso por las políticas de Medio Ambiente, considerando que los programas de desechos de agroquímicos "no ha sido del todo satisfactoria y existe una demanda de mayor presencia estatal" y se mostró sumamente preocupada por el peligro de contaminación del río Negro.

En relación a la Policía, el informe se concentró en "los reiterados casos de violencia desmedida, abusos y apremios" denunciados. Repasó un relevamiento de las unidades, concluyendo que los edificios "son muy viejos", con algunos que tienen "letrinas o instalaciones de muy baja calidad". El equipamiento es "obsoleto e insuficiente" (ver aparte). Afirmó que algunos destacamentos, como Aguada Cecilio y Nahuel Niyeu, "directamente no tienen policías" y los agentes viven en Valcheta. Y recordó que algunas comisarías -como Mainqué y Cervantes- "han muerto detenidos".

También cuestionó el abordaje estatal en relación a la protección de los menores y advirtió de casos de "trata de personas", reconociendo después que investiga los casos de Choele Choel.

Consignó a Educación, Policía y Transporte como los organismos que fijaron "más obstáculos". Antes, Piccinini cuestionó la falta de respuesta de Transporte ante las "denuncias por el funcionamiento irregular del servicio". Adelantó medidas frente a la negativa de respuesta por parte del director de Transporte, Oscar Villani.

El cierre lo dedicó a recordar que su función es "controlar al gobierno", y pidió que se expliquen "las acciones cuestionadas o resaltadas", sin "personalizar las denuncias".

Advirtió que sería implacable con la desidia, el abandono y la deserción.

Después llegaron las preguntas, los cruces y el retiro.