MADRID (AFP) - El gobierno español aprobó este viernes la extradición a Argentina del ex militar Ricardo Miguel Cavallo para ser juzgado por delitos cometidos durante la última dictadura. El gobierno "ha acordado en extradición de Ricardo Miguel Cavallo a las autoridades argentinas", afirmó la número dos del ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, tras el semanal consejo de ministros.

La decisión cumple "con lo dispuesto por la Audiencia Nacional (principal instancia penal española, ndlr) el pasado mes de mayo", añadió de la Vega. El gobierno español ha autorizado la extradición de Cavallo a su país, después que México autorizara el pasado día 22 a Madrid a entregar al ex militar a Buenos Aires y pese a que el Tribunal Supremo español había considerado a la Audiencia Nacional competente para juzgar a Cavallo en España.

Ricardo Miguel Cavallo, alias Serpico, había sido extraditado en junio de 2003 por México, donde había sido detenido en agosto de 2000 a petición del juez español Baltasar Garzón, que lo acusó de 227 desapariciones forzozas y de 110 secuestros en el marco de la instrucción llevada a cabo en España por crímenes cometidos durante la dictadura argentina.

El ex militar fue reconocido por varios supervivientes de centros de detenciones ilegales creados durante la dictadura de la junta militar. Posteriormente, el juez argentino Sergio Torres solicitó a España, a finales de diciembre de 2006, la extradición de Cavallo por los delitos de detención ilegal, torturas, extorsión, robos con violencia e intimidación y falsificación documental cometidos durante la dictadura militar.

Torres investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de concentración clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron unos 5.000 prisioneros, y en donde colaboró Cavallo. El pasado 25 de febrero, las acusaciones en el proceso contra Cavallo pidieron a la Audiencia Nacional que éste sea juzgado en España, tras la luz verde dada por México para su extradición a Argentina. La asociación pidió a la Audiencia Nacional que decida los días para el comienzo del juicio oral, según un comunicado estas asociaciones.