Si bien el juez federal Daniel Rafecas acaba de ordenar el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa por su supuesto papel en la causa de sobornos en el Senado en el 2000, aún parece remota la posibilidad de que por fin quede debidamente aclarado aquel asunto que tantos problemas políticos produjo. Para que ello ocurra, el juez tendría que probar de forma que no admita dudas legítimas que tuvo lugar una reunión en la Casa Rosada entre De la Rúa y otros acusados de participar de la maniobra que se ha denunciado a pesar de que los involucrados principales juren que nunca se celebró. Asimismo un abogado astuto debería estar en condiciones de desvirtuar la tesis reivindicada por el juez de que, por haber sido De la Rúa, por su condición de presidente de la República, el único nexo personal entre el en aquel entonces secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, el ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el jefe de la bancada radical en el Senado José Genoud, tuvo forzosamente que haber estado al tanto de lo que se fraguaba. En cuanto al testimonio del arrepentido Mario Pontaquarto, confirmar su veracidad si los presuntos protagonistas insisten en que son inocentes no será nada fácil. Tampoco es probable que aporten demasiada información nueva los senadores peronistas que supuestamente recibieron cantidades impresionantes de dinero por avalar una ley polémica de flexibilización laboral, Augusto Alasino, Emilio Cantarero, Ricardo Branda, Alberto Tell y Remo Costanzo. Aunque sea verdad que el gobierno de la Alianza sobornó a legisladores opositores por creer que la ley sería de importancia fundamental para el país, a esta altura probarlo de manera irrefutable, eliminando por completo la sospecha de que, como previsiblemente aseveró De la Rúa, "hay una razón política en el fallo que emitió el juez", no será del todo sencillo a menos que aparezcan otros arrepentidos dispuestos a avalar lo dicho por Pontaquarto.

Que en nuestro país abunden los políticos corruptos no es ningún secreto. Tampoco lo es que "los códigos de la política" no escritos prevean operativos ilegales como el imputado al gobierno de la Alianza. Sin embargo, hasta ahora han fracasado todos los esfuerzos por distinguir entre los que se han enriquecido de modo ilícito y los que jamás han violado ley alguna. La situación sería otra si siempre fuera posible confiar en la imparcialidad de la Justicia, pero por desgracia no lo es: el que tantos jueces hayan sido acusados, con razón o sin ella, de emitir fallos politizados ha desprestigiado a todos, lo que hace todavía más arduos los esfuerzos por identificar a los corruptos y asegurar que reciban el castigo que merecen.

Antes de estallar el escándalo de los presuntos sobornos en el Senado, De la Rúa tenía la reputación de ser un político relativamente limpio. Por lo demás, la Alianza conformada por radicales y frepasistas que gobernó entre diciembre de 1999 y el mismo mes del 2001 alcanzó el poder debido en parte a su voluntad declarada de luchar contra la corrupción que se consideraba típica de la gestión prolongada de Carlos Menem. He aquí un motivo por el que las denuncias tuvieron un impacto tan devastador. A diferencia de los peronistas, que raramente se dejan perturbar por las acusaciones de corrupción formuladas por sus adversarios, los aliancistas se desmoralizaron al sentir que perdían lo que sabían era su activo más convincente. Asimismo, luego de ser elogiada como un golpe a favor de la honestidad, la renuncia intempestiva del entonces vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez sería blanco de críticas amargas ya que puso en marcha un proceso que terminó inexorablemente con el colapso de un gobierno que, debilitado, no logró hacer frente a la crisis económica creciente que lo sepultaría. En teoría, el principio resumido por el latinajo "fiat justitia pereat mundus" -o sea: hágase la justicia aunque perezca el mundo- es admirable, pero acaso hubiera sido mejor para el país que la reacción contra la sospecha de que era habitual que el gobierno de turno comprara votos legislativos con dinero contante y sonante se hubiera dado en otra ocasión, puesto que para millones de personas resultaron nefastas las consecuencias concretas de las denuncias de las que fue objeto De la Rúa hace casi ocho años.